PolíticaSuperministerio de Industria y Comercio
El ex presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Pedro Ferreira, se convirtió en una de las voces más críticas contra el proyecto de ley que busca transferir el Viceministerio de Minas y Energía al Ministerio de Industria y Comercio (MIC). Si bien aclaró que no se opone a la idea de una fusión institucional, advirtió que la redacción actual es un peligro para la estabilidad jurídica, la igualdad de trato y la conducción técnica del sector eléctrico. "Jamás vi una ley que ordene administrar privilegios. Es grotesco y abre la puerta a la corrupción", afirmó con dureza.
Ferreira marca la línea roja
Para Ferreira, la verdadera amenaza no está en el traspaso administrativo, sino en la forma en que fue concebido. Señaló que la inclusión del término "privilegios" en un texto legal resulta inadmisible y sienta un precedente que permitiría a las autoridades otorgar ventajas discrecionales en un sector que debe guiarse por la equidad y la neutralidad. "Hay que ajustar la ley y eliminar esa redacción. No se puede legislar en base a privilegios, porque eso genera caos jurídico y discrecionalidad", enfatizó, en conversación con esta redacción.
El ingeniero insistió en que el sector eléctrico paraguayo es uno de los activos más valiosos construidos en los últimos cincuenta años, y que debe ser protegido con marcos regulatorios sólidos, previsibles y transparentes.
Un superministerio con sesgo empresarial
El polémico proyecto en debate no solo traslada competencias, sino que crea un superministerio que concentrará la conducción de áreas estratégicas como Industria, Comercio, Turismo, Minas y Energía. Para sus críticos, esto supone desplazar a técnicos y especialistas en energía, sustituyéndolos por perfiles más vinculados a la administración empresarial y la gestión comercial.
Ferreira alertó que, bajo este esquema, la política energética podría quedar subordinada a criterios de coyuntura económica y no a la planificación técnica de largo plazo. Advirtió que esta concentración de atribuciones debilita a la ANDE y compromete la seguridad jurídica del sector.
Riesgos de la iniciativa
Los riesgos que señala Ferreira se dividen en tres ejes. Primero, el riesgo de gobernanza: un ministerio con lógica empresarial imponiendo sus prioridades por encima de criterios técnicos. Segundo, el riesgo jurídico: la ambigüedad del término "privilegios" puede multiplicar litigios y trabas administrativas. Tercero, el riesgo institucional: la ANDE pierde peso en la definición de tarifas, inversiones y expansión de la red.
"Si permitimos excepciones en la ley, las decisiones dejarán de basarse en reglas claras y pasarán a depender de quién tenga influencia en el poder político. Eso es lo más peligroso", subrayó Ferreira.
La reacción de los trabajadores de la ANDE
Las advertencias del ex presidente de la estatal eléctrica encontraron eco inmediato entre los trabajadores. La semana pasada, sindicatos y asociaciones internas iniciaron movilizaciones y suspendieron la atención en varias oficinas de la ANDE como señal de protesta. Los gremios denuncian que el proyecto es la antesala de una privatización encubierta y que coloca el patrimonio energético del país en manos de un ministerio dominado por criterios de mercado.
En sus comunicados, los funcionarios sostuvieron que la fusión "dilapida a la ANDE" y favorece a "amigos del poder" en detrimento del interés ciudadano. Las manifestaciones frente al Congreso y el llamado a paro parcial marcaron el inicio de una pulseada que amenaza con intensificarse si el proyecto avanza sin modificaciones.
El trasfondo político y económico
El proyecto fue presentado por el gobierno de Santiago Peña dentro de un paquete más amplio de reformas para la reconversión del Estado. La intención oficial es reducir superposiciones, modernizar estructuras y centralizar funciones. Sin embargo, en el caso energético, la propuesta encendió alarmas por tocar un área clave donde, en la práctica, la ANDE hoy depende del Viceministerio de Minas y Energía. Con el traspaso al MIC, esa dependencia se modificaría, quedando bajo un ministerio con enfoque prioritariamente económico y empresarial.
Ferreira recordó que detrás de cada decisión en materia energética se definen precios, contratos y oportunidades de inversión millonarias, por lo que resulta vital blindar la institucionalidad de cualquier margen de discrecionalidad.
El punto de inflexión
El Congreso enfrenta ahora un dilema de alto impacto. O bien corrige la iniciativa para preservar la conducción técnica y eliminar toda referencia a privilegios, o bien insiste en un modelo que, según Ferreira, pondrá en riesgo la estabilidad del sector y abrirá la puerta a decisiones opacas.
"El sector energético no puede regirse por privilegios ni por criterios de corto plazo. Si eso ocurre, lo que se construyó en medio siglo puede venirse abajo en cuestión de años", advirtió el ex titular de la ANDE, marcando así el tono más duro de un debate que recién empieza.
