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La Cámara de Diputados resolvió postergar por 15 días el tratamiento del proyecto de ley que propone la creación del Ministerio de Industria, Comercio, Turismo, Minas y Energía —también denominado "superministerio"— una iniciativa que plantea la absorción del Viceministerio de Minas y Energía, así como de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) por parte del Ministerio de Industria y Comercio (MIC).
La moción fue presentada por el diputado colorado Miguel del Puerto y aprobada por mayoría en la sesión ordinaria del martes 2 de septiembre de 2025. Esta decisión se produce en un contexto de creciente presión social: el Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande) convocó a un paro y movilización desde el martes por la tarde, rechazando el proyecto por considerar que podría conducir a la privatización de la ANDE y debilitar su capacidad operativa.
Los sindicalistas denunciaron que el proyecto de "superministerio" busca concentrar poder en el MIC, limitando las prerrogativas de la ANDE en áreas como la planificación del servicio eléctrico y la provisión a grandes industrias. Advierten que esto generaría una burocratización nociva, ralentizando inversiones y facilitando procesos de privatización disfrazados de eficiencia.
Por su parte, el Ejecutivo —representado por el ministro Javier Giménez y el viceministro Mauricio Bejarano— ha defendido el proyecto como una necesaria reestructuración institucional, orientada a aprovechar sinergias entre sectores estratégicos como la industria, el comercio, el turismo, la minería y la energía. El objetivo declarado es enfrentar los desafíos de la industrialización, la transición energética y promover mayores inversiones privadas en generación energética, sobre todo en energías renovables y proyectos minero-energéticos.
El aplazamiento acordado por los diputados les permite ganar tiempo para buscar un consenso político y facilitar el diálogo entre el gobierno, los trabajadores y sectores afectados, como la ANDE y la industria turística. En lo inmediato, la pausa también refleja que el debate sigue abierto y sujeto a la presión social y política que emerge en torno a la institucionalidad energética del país.
