PolíticaReformas de Peña
El gobierno del presidente Santiago Peña propone una reestructuración ministerial que fusionaría al Viceministerio de Minas y Energía, actualmente dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), con el Ministerio de Industria y Comercio (MIC). En la misma línea, se incluye la absorción de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), con la intención de crear un superministerio orientado al desarrollo productivo.
Aunque el Ejecutivo justifica la propuesta como un paso hacia la eficiencia del Estado y la atracción de inversiones, especialistas del ámbito técnico, jurídico y ambiental advierten que la iniciativa podría generar importantes debilidades institucionales, especialmente en lo relacionado a la gestión y fiscalización de los recursos hidrocarburíferos del país.
El marco normativo vigente en hidrocarburos
La actividad de prospección, exploración y eventual explotación de petróleo y gas en Paraguay está regulada por la Ley N.º 675/1960, modificada por la Ley N.º 779/1995, que establece el régimen legal aplicable a los hidrocarburos. Esta normativa otorga al Poder Ejecutivo la potestad de celebrar contratos con empresas nacionales o extranjeras interesadas en explorar y explotar estos recursos, bajo diversas modalidades.
Para su aplicación, rige el Decreto N.º 8785/2018, que reglamenta aspectos operativos clave, asignando al Viceministerio de Minas y Energía las funciones de evaluación técnica, gestión de concesiones, análisis geológico, y control del cumplimiento de obligaciones contractuales. Dentro de esta estructura, opera la Dirección de Hidrocarburos, que se encarga específicamente del seguimiento de estos proyectos.
Paralelamente, la Ley N.º 1182/2015 creó la carta orgánica de Petróleos Paraguayos (Petropar), que actúa como empresa estatal con funciones de comercialización, almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos y biocombustibles. El control de calidad de los combustibles está delegado al Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN).
Un traslado que plantea más dudas que certezas
La propuesta de trasladar Minas y Energía al MIC genera inquietudes en distintos niveles:
1. Falta de especialización técnica del MIC:
El Ministerio de Industria y Comercio no cuenta actualmente con áreas dedicadas a la fiscalización de concesiones de hidrocarburos, análisis de impacto ambiental en exploraciones extractivas, ni evaluación de proyectos geológicos o energéticos con riesgo ambiental.
2. Riesgo de subordinación técnica a objetivos económicos:
Incluir al área energética dentro de un ministerio con perfil eminentemente comercial podría diluir los controles técnicos y favorecer una lógica de autorización de proyectos orientada a resultados económicos, sin el debido contrapeso regulatorio.
3. Ausencia de garantías institucionales claras:
La ley vigente de hidrocarburos fue diseñada bajo la lógica de una estructura técnica autónoma, vinculada al MOPC. La nueva fusión no ha venido acompañada, hasta ahora, de una propuesta normativa paralela que redefina la institucionalidad con los mismos estándares de independencia y rigor.
El factor ambiental, transversal pero determinante
Aunque no se trata del eje central de la discusión, las actividades de prospección y explotación de hidrocarburos tienen impactos ambientales significativos. Actualmente, la evaluación de impacto ambiental de estos proyectos está a cargo del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), pero el seguimiento técnico del cumplimiento de medidas de mitigación depende también del Viceministerio de Minas y Energía.
Cualquier debilitamiento de esta estructura podría dejar expuesta la gestión ambiental a una supervisión insuficiente. En regiones como el Chaco paraguayo, donde se concentran los permisos de exploración, los ecosistemas son especialmente frágiles, y la expansión de actividades extractivas exige un monitoreo continuo e independiente.
Posibles ventajas, si se ejecuta con garantías
Entre los argumentos a favor de la propuesta se destacan la posibilidad de consolidar las ventanillas de tramitación para los proyectos de inversión, así como la coordinación más fluida entre políticas industriales, energéticas y comerciales. También podría facilitar el desarrollo de proyectos integrados, como los biocombustibles, que requieren sinergias entre producción agrícola, refinación y logística comercial.
No obstante, para que estos beneficios se materialicen sin poner en riesgo la fiscalización ni la sostenibilidad, el nuevo esquema debería contar con una unidad técnica robusta, con autonomía operativa, personal capacitado y presupuesto propio para ejercer funciones de regulación, monitoreo e inspección.
Un debate pendiente en el Congreso
El proyecto de ley de reestructuración ya fue remitido al Congreso Nacional, pero aún no ha sido debatido a profundidad en comisiones técnicas. La iniciativa toca aspectos sensibles como el control del subsuelo nacional, la explotación de recursos estratégicos, la responsabilidad ambiental, y la planificación energética a largo plazo.
Frente a estos puntos, queda por ver si el Poder Legislativo impulsará audiencias públicas, consultas técnicas y evaluaciones de impacto institucional antes de dar vía libre a una fusión que podría alterar el equilibrio regulatorio del país en áreas clave.
Institucionalidad energética en juego
La propuesta del Gobierno de fusionar Minas y Energía al Ministerio de Industria y Comercio puede parecer, en términos administrativos, una solución para reducir estructuras del Estado. Sin embargo, cuando se trata de hidrocarburos —una materia altamente técnica, estratégica y con implicancias ambientales—, las decisiones institucionales deben ser evaluadas con prudencia.
No se trata solo de un cambio de organigrama, sino de garantizar que el Paraguay mantenga una capacidad de regulación sólida, técnica y autónoma, capaz de proteger los intereses del Estado, el ambiente y la ciudadanía frente a actividades de alto impacto y largo alcance.
Cualquier reforma que no asegure ese equilibrio corre el riesgo de convertirse en una puerta abierta a la discrecionalidad y a la debilidad regulatoria. Por eso, el debate no debe centrarse únicamente en la eficiencia burocrática, sino en la calidad y fortaleza institucional que necesita el país para gestionar con responsabilidad sus recursos energéticos.
