Diputados cerraron filas en 2025 y blindaron a seis intendentes cuestionados por corrupción
El 2025 dejó al descubierto un patrón reiterado de protección política en la Cámara de Diputados, donde la mayoría parlamentaria evitó el avance de pedidos de intervención contra seis intendentes denunciados por presuntas irregularidades administrativas y hechos de corrupción. La articulación entre sectores colorados y liberales, conocida en los pasillos como un "pacto azulgrana", terminó garantizando la impunidad de jefes comunales que enfrentaban cuestionamientos graves desde sus propias juntas municipales.
Durante el año legislativo ingresaron ocho solicitudes formales de intervención municipal. De ese total, seis fueron archivadas sin mayores consecuencias, un intendente fue destituido y otro optó por renunciar ante la presión política y social. El rol del Ministerio del Interior, encabezado por Enrique Riera, también fue clave, ya que varios expedientes quedaron demorados o directamente retenidos, lo que impidió su tratamiento oportuno en el pleno de Diputados.
Entre los intendentes beneficiados figura Hernán Ysidro Rivas, jefe comunal de Tomás Romero Pereira, departamento de Itapúa, y padre del senador cartista Hernán Rivas. Su administración fue denunciada por la Junta Municipal por un presunto desvío de alrededor de G. 2.000 millones. A pesar de que la causa está en manos del fiscal Néstor Coronel, no se registraron avances sustanciales en la investigación, repitiéndose un escenario similar al que ya lo había favorecido en 2023.
Otro caso es el de Tomás Olmedo, intendente de Ñemby, investigado por un supuesto daño patrimonial cercano a los G. 700 millones. Al igual que Rivas, Olmedo ya había sido salvado por Diputados en un periodo anterior, consolidando una línea de protección que volvió a activarse este año.
La nómina de intendentes amparados incluye también a César Machuca, denunciado por concejales de Ybyrarobaná por obras inexistentes y sobrefacturaciones. Aunque la Fiscalía, a través de la agente Inés Estigarribia, realizó allanamientos en la municipalidad a comienzos de año, el expediente no mostró avances relevantes.
Desde sectores opositores también se registraron casos similares. Juan Manuel Ávalos, intendente de Lima, fue denunciado por un presunto perjuicio patrimonial superior a G. 500 millones. En Emboscada, Silvio Andrés Peña, del PLRA, enfrentó acusaciones por obras fantasmas, licitaciones direccionadas a empresas vinculadas a familiares y prácticas de nepotismo. A ellos se suma Vidal Argüello, cuestionado por falta de transparencia y el uso de facturas presuntamente clonadas.
A este escenario se agrega un pedido de intervención que quedó pendiente. Concejales de Nanawa denunciaron en noviembre la gestión del intendente Claudio Samaniego por supuestas obras fantasmas, sobrefacturaciones y atraso en el pago de salarios. Sin embargo, el expediente llegó a Diputados recién en el último día de sesiones, lo que impidió cualquier análisis de fondo.
En contraste con los casos archivados, el 2025 también dejó dos desenlaces distintos. El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, fue destituido tras una votación impulsada por la mayoría cartista. Por su parte, Óscar Rodríguez, conocido como "Nenecho", presentó su renuncia antes de enfrentar una eventual destitución, presionado por su propio sector político.
El balance legislativo del año evidencia que, más allá de las denuncias y de los informes de concejales, la Cámara de Diputados priorizó los acuerdos políticos por sobre el control institucional, consolidando un esquema que dejó a la mayoría de los intendentes cuestionados fuera del alcance de sanciones efectivas.
