Las expulsiones y renuncias de Norma Aquino, Javier "Chaqueñito" Vera, Hernán Rivas y Erico Galeano reflejan el creciente hartazgo ciudadano hacia una de las legislaturas más cuestionadas de la era democrática y exponen cómo la presión social, mediática y política comenzó a perforar el blindaje del oficialismo en el Senado.
Vente Venezuela defiende que el objetivo del "proceso político en curso" es "restituir el ejercicio de la soberanía a los ciudadanos".
La articulación entre sectores colorados y liberales, conocida en los pasillos como un "pacto azulgrana", terminó garantizando la impunidad de jefes comunales que enfrentaban cuestionamientos graves desde sus propias juntas municipales.
El país ocupa el puesto 130 entre 142 naciones en el índice mundial de justicia penal y se ubica entre los últimos de América Latina. El informe del World Justice Project refleja un deterioro sostenido de la confianza en las instituciones, la impunidad y la falta de acceso efectivo a la justicia.
La revuelta ciudadana en Nepal, con incendios en sedes del poder y un régimen puesto en jaque, reavivó el debate sobre los límites del hartazgo social. En Paraguay, el politólogo Camilo Filártiga advierte que la corrupción, la desigualdad y la precariedad conforman una bomba de tiempo que podría desencadenar una crisis profunda.
La política paraguaya se encuentra en un punto de inflexión. Dos de los casos más emblemáticos de los últimos tiempos volvieron a poner bajo la lupa la credibilidad del Senado y, con ello, la impunidad que blindó a la clase política.
El cartismo blindó a Noelia Cabrera, acusada de nepotismo y planillerismo. No enfrentará sanción ni pérdida de investidura, y la oposición fracasó incluso en reunir las firmas para iniciar el proceso.
Mientras Paraguay sigue sumido en hospitales colapsados, rutas intransitables y escuelas sin techo, decenas de ex altos funcionarios que robaron al Estado viven sin rendir cuentas, disfrutando de sus fortunas malhabidas y en libertad. Condenas sin cárcel, enriquecimiento ilícito y una justicia complaciente son el patrón común en los más escandalosos casos de corrupción de los últimos años.
La Cámara de Diputados, presidida por el colorado cartista Raúl Latorre, admitió que deberá aceptar el reingreso del funcionario Miguel Robles, condenado a 10 años de cárcel junto al exgobernador Hugo Javier González por el robo de G. 5.105 millones durante la pandemia y que ahora fueron puestos en libertad.
