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Con una maniobra que terminó dejando sin cuórum al pleno, la mayoría integrada por legisladores colorados y liberales bloqueó nuevamente el avance de siete pedidos que apuntan a intendentes denunciados por presuntos hechos de corrupción, dejando fuera del orden del día de la sesión del 16 de diciembre —la última antes del receso parlamentario— cualquier posibilidad de estudio.
El episodio consolidó la percepción de un blindaje político a favor de jefes comunales afines a los bloques mayoritarios. En el caso del Municipio de Lima, la solicitud de acuerdo para intervenir la administración del intendente Juan Manuel Ávalos quedó relegada, al igual que la conformación de las comisiones especiales encargadas de analizar los pedidos de intervención en Tomás Romero Pereira, liderado por Hernán Rivas, y en Ñemby, encabezado por Tomás Olmedo. Ambos intendentes pertenecen al movimiento Honor Colorado y habían sido objeto de múltiples cuestionamientos por parte de sus juntas municipales.
Las denuncias contra Rivas incluyen un presunto perjuicio al erario público que supera los G. 2.000 millones en royalties y otros G. 7.000 millones provenientes de recursos propios, así como sospechas sobre obras realizadas con maquinarias públicas sin que ello representara un ahorro para la Comuna. En Ñemby, la situación no es menos grave: la Junta Municipal ya había dado luz verde a la intervención en 2024 tras detectar un faltante de G. 700 millones y señalar supuestos hechos punibles como lesión de confianza, estafa y producción de documentos no auténticos.
A estos casos se suman los pedidos de conformación de comisiones para los municipios de Yby Yaú, Ybyrarobaná, Embocada y Juan León Mallorquín, todos ellos con intendentes que enfrentan cuestionamientos administrativos mientras muchos ya iniciaron sus campañas de reelección. La decisión de mantener congelados estos expedientes fue interpretada como un guiño político que les permitirá competir sin el desgaste que implicaría un proceso de intervención.
El pacto tácito entre colorados y liberales volvió a quedar expuesto en una sesión decisiva para la transparencia municipal. Con el bloqueo, se sella un cierre de año legislativo en el que la Cámara Baja evitó, una y otra vez, abrir investigaciones formales sobre las denuncias contra sus aliados territoriales, profundizando las críticas sobre un sistema que premia la protección política por encima del control institucional.
