Comisión del Senado inicia investigación sobre títulos falsos y promete llegar hasta las últimas consecuencias
La comisión quedó conformada con el senador Patrick Kemper en la presidencia, la senadora Esperanza Martínez en la vicepresidencia y el senador Dionisio Amarilla como relator. La integración fue aprobada por consenso entre los miembros presentes durante la primera sesión de trabajo.
La creación de este equipo legislativo se da tras el escándalo que involucró a la Universidad Sudamericana y a la presunta expedición irregular de títulos académicos, un caso que tuvo como una de sus principales derivaciones la renuncia del ex senador Hernán Rivas, quien afronta actualmente un proceso judicial relacionado con la validez de su formación universitaria.
Durante la reunión, los legisladores coincidieron en que la investigación debe producir resultados concretos y contribuir a recuperar la confianza de la ciudadanía en el sistema educativo y en las instituciones públicas. La senadora Esperanza Martínez sostuvo que existe una gran expectativa social respecto al trabajo de la comisión y señaló que ya comenzaron a recibir diversas denuncias que deberán ser analizadas con seriedad y responsabilidad.
Los integrantes acordaron que en las próximas semanas serán convocadas autoridades educativas, representantes de organismos de acreditación, así como directivos de universidades públicas y privadas. El propósito será determinar si existieron fallas estructurales en los mecanismos de control y supervisión de la educación superior.
El senador Patrick Kemper explicó que la comisión tendrá inicialmente un plazo de seis meses para desarrollar sus investigaciones y elaborar un informe final. Dicho documento incluirá recomendaciones destinadas a fortalecer los sistemas de verificación académica y, eventualmente, propuestas legislativas orientadas a evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.
A lo largo del encuentro, varios legisladores coincidieron en que el problema podría extenderse más allá de casos aislados, afectando tanto al sector público como al privado. En ese contexto, el senador Dionisio Amarilla propuso solicitar al Ministerio de Educación y Ciencias los registros de títulos expedidos en los últimos años, además de requerir información a instituciones universitarias y organismos encargados del control académico.
Entre las iniciativas planteadas también figura la habilitación de mecanismos de denuncia ciudadana y la conformación de un equipo técnico especializado que permita sistematizar los datos obtenidos durante la investigación. Los resultados podrían derivar en remisiones al Ministerio Público, la Contraloría General de la República y otras instancias competentes en caso de detectarse indicios de hechos punibles.
La senadora Lizarella Valiente sostuvo que el uso de títulos falsos para acceder a cargos, bonificaciones o beneficios económicos dentro de la función pública podría configurar una estafa contra el Estado. Señaló además que este tipo de prácticas perjudica a miles de profesionales que obtuvieron legítimamente sus títulos tras años de esfuerzo académico y sacrificio económico.
Valiente también expresó preocupación por la seguridad de los miembros de la comisión, afirmando que algunos legisladores manejan denuncias concretas que podrían generar represalias personales durante el desarrollo de la investigación.
Por su parte, la senadora Blanca Ovelar advirtió que se trata de un asunto altamente complejo que requiere una pesquisa profunda y libre de intereses políticos. Indicó que la falsificación de títulos no constituye un fenómeno reciente, sino una problemática que se arrastra desde hace décadas y que se ha visto agravada por las debilidades de los sistemas de control en la era digital.
Asimismo, alertó sobre el daño que estos hechos ocasionan a la reputación académica del país y recordó el prestigio alcanzado históricamente por profesionales paraguayos formados en instituciones de reconocida trayectoria.
En medio del debate, Dionisio Amarilla propuso que los propios legisladores sometan sus antecedentes académicos a una revisión exhaustiva como una muestra de transparencia institucional. Incluso sugirió extender el análisis a gobernadores, intendentes, concejales y otras autoridades que ejercen funciones públicas.
La iniciativa generó diferencias entre algunos miembros de la comisión. La senadora Celeste Amarilla manifestó que el trabajo debía concentrarse inicialmente en las universidades señaladas por las denuncias ya conocidas, especialmente la Universidad Sudamericana, antes que en revisiones generales sobre los antecedentes de parlamentarios.
Otros legisladores coincidieron en que el punto de partida debe centrarse en las instituciones donde existen indicios concretos de irregularidades. En ese sentido, se mencionó que la Universidad Sudamericana habría expedido más de 2.500 títulos en un periodo de tres años, incluyendo centenares correspondientes a la carrera de Derecho, algunos de cuyos egresados ocupan actualmente cargos públicos.
Pese a las discrepancias surgidas durante la primera sesión, los integrantes de la comisión reafirmaron su compromiso de llevar adelante una investigación rigurosa, transparente y sin distinciones políticas. El desafío será determinar la verdadera dimensión del problema y establecer responsabilidades, con el objetivo de preservar la credibilidad del sistema educativo y garantizar que quienes acceden a funciones de relevancia pública cuenten efectivamente con la formación académica que acreditan poseer.