Cartistas sepultan la Ley de Acceso a la Información
La Cámara de Diputados aprobó este martes su propia versión del proyecto de protección de datos personales y rechazó las modificaciones del Senado. Con esta decisión, el documento vuelve a la Cámara Alta, pero con una señal inequívoca: la mayoría política decidió priorizar la opacidad sobre la rendición de cuentas.
El debate, que debía conciliar la privacidad con el derecho al acceso a la información, terminó consagrando un modelo que subordina la transparencia al consentimiento de quienes manejan recursos públicos. El resultado es una ley que, bajo el argumento de "proteger datos personales", introduce un sistema de bloqueo preventivo ante cualquier intento de escrutinio ciudadano.
El artículo 24, epicentro del desmantelamiento
El punto más crítico del texto aprobado es el artículo 24, que establece la obligación de notificar a las personas cuyos datos sean objeto de un pedido de información, habilitándolas incluso a oponerse a su divulgación.
En apariencia, se trata de un procedimiento técnico; en la práctica, constituye un mecanismo de veto. Esto significa que toda solicitud sobre salarios, contratos, beneficios, legajos o compras públicas puede quedar paralizada bajo la excusa de que "afecta datos personales".
El Estado deja de ser transparente por deber, para pasar a serlo solo si el funcionario involucrado lo permite. Se quiebra así uno de los pilares fundamentales de la Ley de Acceso a la Información Pública: la obligación de publicar sin obstáculos todo lo relativo al uso de fondos estatales.
Transparencia mutilada, control ciudadano neutralizado
La versión ratificada desarma la arquitectura que garantizaba la fiscalización ciudadana sobre los actos de gobierno. Lo que antes era un derecho claro —solicitar y obtener información sobre cómo se gasta el dinero público— se convierte ahora en un proceso laberíntico, donde cada pedido puede ser frenado, impugnado o demorado sin límite definido.
No se trata de un ajuste técnico, sino de una transformación estructural del derecho a saber. En lugar de fortalecer la rendición de cuentas, se institucionaliza el silencio administrativo. La transparencia pasa de ser un principio a convertirse en una excepción.
La contradicción legal y el vacío institucional
La nueva norma entra en abierta colisión con las leyes de acceso a la información pública y de publicación de sueldos y contrataciones. La coexistencia entre ambas regulaciones será inviable: mientras una obliga al Estado a informar, la otra faculta a los funcionarios a oponerse.
El resultado será una parálisis jurídica y un vacío institucional donde la opacidad encontrará refugio legal. En nombre de la privacidad, se legaliza el secreto.
La privacidad como escudo del poder
La protección de datos personales es una demanda legítima, pero no puede ser utilizada como un escudo para ocultar la gestión pública. Este proyecto convierte la privacidad en una herramienta política de blindaje.
Lejos de garantizar derechos, instala un modelo que privilegia el control del poder sobre la rendición de cuentas. La opacidad deja de ser un defecto del sistema y pasa a ser una política de Estado con amparo legal.
Lo que sigue en el Senado
El proyecto volverá al Senado para su reconsideración. Los legisladores tendrán la oportunidad —y la responsabilidad— de revertir el retroceso. Sin embargo, si la Cámara Alta se allana a la versión de Diputados, el país quedará ante un escenario inédito: una ley que en nombre de los datos personales, sepulta la transparencia y mutila el derecho ciudadano a saber.
