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El cuestionamiento fue expuesto por el senador José Oviedo, quien advirtió que la Cancillería no contestó un pedido de informes aprobado por la Cámara Alta respecto al entendimiento conocido como "Tercer País Seguro", ampliado en febrero de este año. El legislador señaló que el plazo legal para responder ya venció a fines de marzo sin que se haya remitido información alguna.
El convenio, que amplía un memorando firmado en agosto de 2025 entre Paraguay y Estados Unidos, establece mecanismos de cooperación para que migrantes no admitidos en territorio estadounidense puedan ser trasladados al país y posteriormente reenviados a sus lugares de origen. Sin embargo, persisten dudas sobre el alcance real del acuerdo, especialmente en lo que respecta a si incluye deportados o únicamente a personas rechazadas en controles migratorios.
La ampliación fue suscripta por el canciller Rubén Ramírez Lezcano junto a representantes del Departamento de Estado estadounidense, con el argumento de fortalecer la colaboración en materia migratoria. No obstante, el contenido específico del documento sigue sin ser detallado públicamente.
En paralelo, la Cámara de Diputados también reclama explicaciones. El legislador Cleto Giménez, titular de la Comisión de Migración y Desarrollo, confirmó que un requerimiento similar presentado en marzo tampoco obtuvo respuesta. El parlamentario expresó preocupación por la falta de transparencia y cuestionó que el acuerdo no haya sido sometido a consideración del Congreso.
Mientras tanto, el Gobierno ya comenzó a implementar el mecanismo. Según datos oficiales, un primer grupo de migrantes arribó al país en abril, aunque finalmente solo 16 personas fueron admitidas. Paraguay actúa como punto de tránsito para facilitar su retorno a sus países de origen o su reubicación en terceros destinos, con apoyo logístico de agencias internacionales y autoridades estadounidenses.
Desde el Ejecutivo se sostiene que el proceso no generará costos para el Estado, aunque las críticas apuntan a la ausencia de información clara sobre los compromisos asumidos, el impacto social y las garantías en materia de seguridad.
Las dudas en torno a este tipo de acuerdos no son nuevas. Ya en 2025, tras la firma inicial del memorando, el Senado había solicitado explicaciones al Ministerio de Relaciones Exteriores. En aquella ocasión, la propia Cancillería reconoció en su respuesta que el convenio no implicaba beneficios concretos para el país, lo que profundizó el debate sobre la conveniencia de asumir este tipo de compromisos internacionales.
A pesar de ello, la ampliación del acuerdo avanzó y hoy su implementación se encuentra en curso, mientras el Congreso sigue esperando información oficial que permita conocer con precisión el alcance de una política migratoria que se maneja, hasta ahora, con más interrogantes que certezas.
