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Christian Ruiz Díaz, director de Financiamiento Político del TSJE, advirtió sobre el enorme flujo de dinero que históricamente rodea a las internas partidarias y confirmó que la Justicia Electoral reforzará los controles ante las sospechas de compra de votos, retención de cédulas y utilización de recursos que terminan inclinando la balanza en una jornada que debería definirse únicamente en las urnas.
El dinero vuelve al centro de la disputa electoral
A menos de un mes de las internas municipales del próximo 7 de junio, el financiamiento político vuelve a instalarse como uno de los puntos más sensibles del escenario electoral paraguayo. El histórico movimiento de dinero en efectivo, las denuncias recurrentes de compra de votos y la utilización de estructuras paralelas de campaña encendieron nuevamente las alarmas dentro del Tribunal Superior de Justicia Electoral.
En ese contexto, el director de Financiamiento Político del TSJE, Christian Ruiz Díaz, explicó a El Nacional sobre los mecanismos de control que serán implementados para intentar monitorear el dinero que circulará durante las internas partidarias en todo el país.
El funcionario reconoció que el dinero en efectivo sigue siendo uno de los mayores desafíos para el sistema electoral paraguayo y admitió que ningún mecanismo puede garantizar por completo que recursos irregulares o no declarados no terminen infiltrándose en las campañas políticas.
"El efectivo sigue siendo lo más difícil de controlar", sostuvo Ruiz Díaz al referirse al flujo paralelo de dinero que muchas veces nunca ingresa formalmente al sistema bancario electoral y termina moviéndose territorialmente mediante operadores políticos y estructuras partidarias.
Preocupación por compra de votos y retención de cédulas
La preocupación dentro de la Justicia Electoral gira especialmente alrededor del día de las internas, considerado históricamente uno de los momentos de mayor circulación de dinero dentro de la política paraguaya.
En distintos sectores existe temor de que nuevamente aparezcan denuncias relacionadas con compra de votos, retención de cédulas, pagos a operadores políticos, distribución de combustibles, entrega de dinero en efectivo y movilización financiada de electores.
El temor institucional radica en que el poder económico vuelva a tener fuerte incidencia en los resultados internos, en una jornada que constitucionalmente debería responder únicamente a la voluntad libre de los electores.
Ruiz Díaz señaló que justamente por ese motivo el TSJE viene reforzando los mecanismos de trazabilidad y fiscalización financiera con el objetivo de transparentar el origen y destino de los recursos utilizados por movimientos internos y precandidaturas.
Cómo funciona el sistema de control financiero
Actualmente, todos los movimientos políticos están obligados a contar con RUC, abrir una cuenta bancaria exclusiva para campaña, identificar aportantes y presentar declaraciones juradas y rendiciones digitales de ingresos y gastos.
Toda esa información es canalizada mediante el Sistema Nacional de Financiamiento Político (SINAFIP) y publicada a través del Observatorio Nacional de Financiamiento Político (ONAFIP), plataformas implementadas para centralizar el monitoreo financiero de las campañas.
Según explicó Ruiz Díaz, el objetivo es que exista trazabilidad completa sobre el dinero político, permitiendo verificar quién financia las campañas y cómo son utilizados esos recursos.
Sin embargo, el propio director reconoció que el principal problema aparece cuando el dinero circula fuera del sistema formal.
"El dinero paralelo" sigue siendo uno de los puntos más sensibles para las autoridades electorales, debido a que muchos recursos utilizados territorialmente nunca quedan registrados oficialmente y terminan moviéndose completamente en efectivo.
El desafío del dinero que nunca se declara
Las alertas aumentan especialmente en periodos de internas partidarias, donde históricamente el despliegue económico de algunos sectores supera ampliamente los montos oficialmente declarados ante el TSJE.
Ruiz Díaz explicó que actualmente se realizan cruces de información bancaria y verificaciones documentales para detectar inconsistencias entre los gastos reportados oficialmente y la magnitud real de las campañas desplegadas en territorio.
Entre los controles previstos para este proceso electoral figuran el monitoreo de cuentas bancarias electorales, seguimiento de declaraciones juradas, control documental de ingresos y egresos, verificación de aportes y fiscalización posterior de rendiciones financieras.
El funcionario sostuvo además que el sistema paraguayo avanzó considerablemente en materia de transparencia y publicidad de datos, aunque admitió que todavía existen limitaciones importantes para impedir completamente el ingreso de dinero no declarado o de procedencia dudosa dentro de las campañas.
Ataques cibernéticos y presión sobre el sistema
Ruiz Díaz también confirmó recientemente que el sistema informático de financiamiento político sufrió intentos de ataques cibernéticos durante el proceso de carga de declaraciones y registros financieros de campaña.
Según indicó, el Sistema Nacional de Financiamiento Político registró intentos de vulneración y saturación, obligando a reforzar las medidas de seguridad digital y protección de datos dentro de la estructura electoral.
La preocupación institucional no pasa solamente por el origen del dinero, sino también por la integridad de toda la información financiera electoral que actualmente depende de plataformas digitales centralizadas.
Multas y sanciones para movimientos y candidatos
Ruiz Díaz recordó además que los candidatos y movimientos internos pueden exponerse a multas y sanciones económicas si incumplen las obligaciones establecidas por la ley de financiamiento político.
Entre las irregularidades más frecuentes detectadas por la Justicia Electoral aparecen la omisión de declaraciones, gastos sin respaldo documental, aportes no identificados, ausencia de cuentas bancarias exclusivas y diferencias entre ingresos declarados y actividades visibles de campaña.
Mientras avanza la cuenta regresiva hacia el 7 de junio, el foco vuelve a colocarse sobre el histórico flujo de dinero que rodea a las internas partidarias y sobre el desafío de garantizar que la voluntad ciudadana no termine condicionada por el peso económico de las estructuras políticas.
