Advierten que nueva ley de datos traerá más trabas al acceso a información pública
El abogado Ezequiel Santagada, especialista en acceso a la información pública y uno de los principales referentes en el área, sostuvo que la versión del Senado, a diferencia de la que salió de Diputados, preserva la obligación de publicar de oficio ciertos datos sin necesidad de que la ciudadanía los solicite, como lo dispone la ley 5189 y lo establecido en los artículos 8 a 11 de la ley 5282.
"Esta versión salva la información que las instituciones están obligadas a publicar sin que nadie la pida", señaló, haciendo referencia a datos como nóminas de funcionarios, salarios y contrataciones públicas.
No obstante, advirtió que el texto aprobado incorpora un nuevo procedimiento que dará intervención a la futura Agencia de Protección de Datos Personales para decidir sobre otros casos, lo que inevitablemente "alargará los plazos" de respuesta.
Cambios que mejoran... pero limitan
Santagada explicó que las modificaciones introducidas en el Senado representan un alivio frente a la redacción inicial de Diputados, que restringía incluso la publicación de información que por ley debe ser accesible de forma directa.
Sin embargo, aclaró que, aunque esta versión es mejor en ese aspecto, introduce un filtro adicional: la Agencia de Protección de Datos Personales podrá decidir si concede o no el acceso en casos no contemplados expresamente, generando un nuevo circuito burocrático.
El especialista advirtió que este cambio no es menor, ya que cualquier solicitud que entre en esa categoría requerirá una evaluación previa de la agencia antes de que la institución pública responda.
"No mata la ley de acceso a la información, pero la vuelve más difícil de aplicar", insistió, señalando que la discrecionalidad y los plazos extendidos pueden ser usados para obstaculizar pedidos sensibles, especialmente aquellos relacionados con corrupción y nepotismo.
A su criterio, por la mecánica legislativa y la correlación de fuerzas políticas, lo más probable es que esta versión se convierta en ley y que el Poder Ejecutivo no ejerza su facultad de veto.
Cambios del Senado y origen de la polémica
El Senado aprobó esta semana la iniciativa con modificaciones y la remitió nuevamente a Diputados para su tratamiento final. El proyecto, que originalmente buscaba regular el manejo de datos personales, fue modificado en la Cámara Baja por el oficialismo, incorporando artículos que restringen el acceso a datos sobre funcionarios públicos. Estas disposiciones generaron el rechazo de organizaciones de transparencia y de sectores de la oposición.
El polémico artículo 24
Uno de los puntos centrales de las críticas es el artículo 24, que permite denegar o limitar el acceso a información pública cuando se considere que el daño a un interés privado protegido sea mayor que el interés público en obtenerla. También establece que el titular de los datos personales pueda oponerse a su divulgación, lo que obligará a la administración a solicitar un dictamen a la Agencia de Protección de Datos antes de emitir una respuesta definitiva.
Advertencias de inconstitucionalidad
Durante el debate, los senadores Lilian Samaniego, José Oviedo y Eduardo Nakayama plantearon suprimir la cláusula que restringe la difusión de datos de funcionarios, argumentando que es contraria a la Constitución. Yolanda Paredes afirmó que el artículo es abiertamente inconstitucional y denunció que otro apartado del proyecto recorta atribuciones al Banco Central. La senadora Esperanza Martínez acusó a la mayoría cartista de abusar de su fuerza política para mantener la restricción.
Más poder para el Mitic
La propuesta legislativa también crea la Agencia de Protección de Datos Personales dentro del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), un ente duramente cuestionado por su incapacidad para prevenir ciberataques contra instituciones estatales en los últimos meses. La senadora Celeste Amarilla criticó que se otorguen más atribuciones a un ministerio dirigido por un primo del presidente Santiago Peña.
Un futuro con más trámites y menos agilidad
Si la Cámara de Diputados ratifica el texto y el Ejecutivo lo promulga, la norma entrará en vigencia con un esquema que, según Santagada, no elimina el derecho a la información pública, pero sí lo complica con trámites adicionales que darán más espacio a la discrecionalidad y aumentarán las demoras en las respuestas estatales.