Amarilla anuncia reactivación de CBI e investigación sobre Usaid

La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) Antilavado avanza en su análisis sobre el destino de los fondos otorgados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) a organizaciones no gubernamentales (ONG) en Paraguay. Con el objetivo de esclarecer el uso de estos recursos y la negativa de algunas entidades a proporcionar información, solicitarán oficialmente toda la documentación pertinente a la agencia estadounidense.

El senador Dionisio Amarilla, miembro de la comisión, confirmó que tras el retorno parlamentario se formalizará el pedido de informes a Usaid. Explicó que en una etapa previa se había solicitado información directamente a las ONG receptoras de fondos, pero muchas de ellas se negaron a proporcionar detalles sobre su administración y destino.

Amarilla argumentó que la investigación busca determinar si los recursos fueron utilizados de manera correcta y transparente, señalando que existen sospechas de que ciertos sectores han promovido agendas políticas encubiertas con financiamiento internacional. “Vamos a pedir a Usaid que nos remita todas las documentaciones porque, como se reveló durante este periodo de gobierno de Trump, existieron intenciones de desestabilizar estructuras gubernamentales e instalar ideas foráneas a otras culturas”, afirmó el legislador.

El análisis de los fondos otorgados por Usaid se enmarca dentro del contexto de control del financiamiento externo y su impacto en la política y sociedad paraguaya. La CBI, conocida en el ámbito legislativo como la “comisión garrote”, ha centrado su atención en indagar los flujos financieros y sus posibles implicancias en la soberanía nacional.

Aún no se han brindado detalles sobre el alcance total de la información que se pretende obtener, ni sobre las acciones que la comisión podría tomar en caso de detectar irregularidades en el uso de los fondos. Sin embargo, el pedido de documentos a Usaid marca un nuevo capítulo en el escrutinio sobre el financiamiento extranjero a entidades locales, lo que podría derivar en repercusiones políticas y legales para diversas organizaciones en Paraguay.