Justicia que tambalea

La credibilidad del sistema judicial en Paraguay tambalea tras la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de aceptar las renuncias de las juezas Ana Aguirre y Sadi López, así como la suspensión sin goce de sueldo de Carmen Silva y Mirna Soto. Estas magistradas han quedado expuestas luego de que se hicieran públicas conversaciones con el fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, quien presuntamente habría intervenido en decisiones judiciales clave.

Renuncias y suspensiones en el epicentro del escándalo

La Corte Suprema de Justicia resolvió en su última sesión aceptar la dimisión de la jueza Ana Aguirre y también la de Sadi López, quien, tras el estallido del escándalo, solicitó su jubilación. Por otro lado, las magistradas Carmen Silva y Mirna Soto fueron suspendidas de sus funciones sin remuneración. Todas estas juezas aparecen mencionadas en conversaciones filtradas en las que se evidencian supuestos favores y manipulaciones dentro del sistema judicial, con la intervención directa de Lalo Gomes.

Un fallo que benefició a un criminal vinculado al PCC

Uno de los casos más graves que rodea a estas juezas es el del juicio contra Waldemar Pereira Rivas, alias “Cachorrão”, sindicado como líder del Primer Comando Capital (PCC) y procesado por el asesinato del periodista Leo Veras. En 2022, el Tribunal de Sentencia, compuesto por Silva, Aguirre y Soto, tomó decisiones sumamente cuestionables: excluyeron pruebas clave y rechazaron declaraciones de nueve testigos, según denunció el Ministerio Público. Como resultado, Pereira Rivas fue absuelto y liberado de inmediato, logrando salir de la cárcel apenas tres horas después del fallo, a pesar de contar con un código rojo de Interpol y una orden de captura internacional emitida por Brasil.

Interferencias y favores dentro del sistema judicial

Las filtraciones de WhatsApp revelaron también que la jueza Sadi López solicitó la intervención de Lalo Gomes para garantizar su absolución en una investigación abierta en su contra por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Se presume que el fallecido diputado habría utilizado su influencia para persuadir a Orlando Arévalo, entonces vicepresidente del JEM, y lograr que la causa contra López se diluyera en 2022. Este hecho pone en evidencia una preocupante red de favores y presión política dentro del ámbito judicial.

Un golpe a la confianza en la justicia

Las revelaciones han generado indignación en diversos sectores de la sociedad, que exigen una investigación profunda y sanciones ejemplares contra los responsables. La independencia del Poder Judicial está seriamente cuestionada, y este caso se suma a una larga lista de situaciones que dejan en evidencia la vulnerabilidad del sistema frente a la corrupción y el clientelismo político.

El desenlace de este escándalo podría marcar un punto de inflexión para el sistema judicial paraguayo. La ciudadanía espera respuestas claras y acciones concretas para recuperar la confianza en la justicia, un pilar fundamental de cualquier democracia.