Reculada tras improvisación total

El gobierno de Santiago Peña protagoniza, nuevamente, otro bochornoso retroceso. Esta vez con la decisión de cesar la cooperación entre la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Administración para el Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos. Lo que se anunció inicialmente como un cambio estratégico terminó siendo desmentido y revertido en cuestión de días, evidenciando una alarmante improvisación en las políticas de seguridad y relaciones exteriores.

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Una decisión sin rumbo ni justificación clara

El pasado 6 de diciembre, la Senad anunció el cese de su cooperación con la DEA, un vínculo que, a través de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible (SIU), había permitido importantes logros en la lucha contra el narcotráfico. Según el ministro de la Senad, Jalil Rachid, la medida buscaba “redireccionar” las tareas de inteligencia a la Policía Nacional y fortalecer la autonomía de la Senad. Sin embargo, la noticia generó fuertes críticas y especulaciones, tanto dentro como fuera del país.

Analistas y líderes políticos de la oposición interpretaron la decisión como un mensaje ambiguo y peligroso, que podría ser leído como un debilitamiento en la lucha contra el crimen organizado. En el plano internacional, la medida levantó sospechas sobre el compromiso del Paraguay con la cooperación antidrogas, dañando la imagen del país en un momento en que la región es escenario de crecientes desafíos en materia de narcotráfico y crimen transnacional.

Lo que parecía una decisión estratégica, presentada como un acto de soberanía, se diluyó rápidamente en un discurso contradictorio. Apenas unos días después, el Consejo de Defensa Nacional (Codena) confirmó la continuidad de la cooperación con la DEA, dejando en claro que la decisión de cortar lazos con el organismo estadounidense no solo fue precipitada, sino que careció de planificación y consenso interno.

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La DEA y su rol estratégico en Paraguay

La colaboración entre la Senad y la DEA, que data de hace décadas, ha sido clave en la lucha contra el narcotráfico en Paraguay, permitiendo operaciones conjuntas que desarticularon redes criminales de alto impacto. Al cortar estos vínculos, el gobierno de Peña no solo arriesgaba estos avances, sino que también debilitaba la capacidad operativa de la Senad, una institución que ya enfrenta limitaciones presupuestarias y de personal.

El argumento de trasladar las funciones de la SIU a la Policía Nacional, promovido por el ministro del Interior, Enrique Riera, carece de sustento práctico. La Policía Nacional, cuya credibilidad y eficiencia están constantemente en entredicho, no cuenta con la especialización ni la infraestructura para asumir tareas de inteligencia de alta sensibilidad como las que gestionaba la SIU.

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Una gestión marcada por contradicciones y retrocesos

El manejo errático de esta situación deja en evidencia las profundas grietas dentro del gobierno de Santiago Peña. La contradicción entre los anuncios de la Senad y las declaraciones posteriores del Codena no solo refleja una falta de coordinación, sino también una peligrosa tendencia a improvisar en temas críticos.

Las declaraciones del contralmirante Cíbar Benítez, secretario permanente del Codena, resaltando la “importancia fundamental” de la DEA en el sistema de seguridad nacional, contrastan con los argumentos iniciales de independencia esgrimidos por Rachid. Este giro abrupto, disfrazado como un intento de “potenciar” la cooperación, no es más que un esfuerzo desesperado por corregir un error político que nunca debió haberse cometido.

Impacto en la política exterior y credibilidad del gobierno

La desastrosa gestión de este episodio tiene implicancias profundas para el gobierno de Santiago Peña. A nivel internacional, la confusión generada por la ruptura y posterior reconciliación con la DEA proyecta una imagen de debilidad y desorientación. En un contexto donde el narcotráfico y el crimen organizado son problemas globales que demandan colaboración internacional, Paraguay corre el riesgo de ser percibido como un socio poco confiable.

En el ámbito interno, la oposición no ha tardado en aprovechar esta situación para cuestionar la capacidad del gobierno de Peña. Líderes opositores han calificado este retroceso como una muestra de la falta de liderazgo y estrategia en temas fundamentales. “Esto es un reflejo de un gobierno que improvisa, que no tiene claridad en sus decisiones y que pone en riesgo la seguridad del país”, afirmó un destacado senador.

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¿Qué futuro le espera a la Senad?

La incertidumbre sobre el rol de la Senad en este nuevo esquema es otro de los puntos críticos. Sin una misión clara ni los recursos necesarios para fortalecer su dirección de inteligencia, la Senad parece destinada a perder relevancia, dejando un vacío en la lucha contra el narcotráfico. ¿Está el gobierno de Peña dispuesto a sacrificar a la Senad en aras de una reestructuración mal planificada?

El cese temporal de la cooperación con la DEA planteó preguntas incómodas sobre los verdaderos motivos detrás de esta decisión. En un país donde el narcotráfico ha permeado múltiples esferas del poder, las sospechas de “quema de archivos” y protección a intereses ilícitos no son infundadas.

Improvisación que debilita al país

La gestión de Santiago Peña queda marcada por este escándalo, que evidencia una alarmante falta de planificación en la toma de decisiones de su gobierno. En lugar de fortalecer las instituciones encargadas de combatir el crimen organizado, Peña ha generado incertidumbre y desconfianza.

Este episodio no solo compromete la seguridad del país, sino que también daña la ya frágil imagen de su gobierno. En momentos en que Paraguay enfrenta desafíos crecientes en la lucha contra el narcotráfico, el liderazgo que el país necesita está ausente. Peña no puede permitirse más errores de este calibre, porque el costo no lo paga solo su gobierno, sino toda la sociedad paraguaya.