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Política

Jueza ordena detención de exministros del MAG para cumplimiento de sus condenas

Enzo Cardozo. Foto: Archivo.

Enzo Cardozo. Foto: Archivo.

La jueza de Ejecución Silvana Luraghi ha ordenado la detención de los exministros de Agricultura, Enzo Cardozo y Rody Godoy, quienes fueron condenados a 10 años y 7 años de cárcel respectivamente. Estos exministros han sido sentenciados por el delito de lesión de confianza, relacionado con un desvío de G. 68.000 millones mientras ocupaban sus cargos en el Ministerio de Agricultura.

La resolución de la jueza fue emitida después de que la sala constitucional de la Corte rechazara de forma inmediata la acción de inconstitucionalidad presentada por los dos condenados. En consecuencia, Cardozo y Godoy deberán cumplir sus penas en la cárcel de Tacumbú u otra penitenciaría designada.

Hasta ahora, ambos exministros se encontraban bajo arresto domiciliario, pero tras la orden de detención, serán aprehendidos y trasladados a una penitenciaría para cumplir con la resolución judicial.

En el caso relacionado, un Tribunal de Sentencia también condenó a Enzo Cardozo a 10 años de prisión y a Rody Godoy a 7 años, ambos por el delito de lesión de confianza debido al desvío de G. 68 mil millones. En un momento previo, los exministros estuvieron detenidos en la Penitenciaría de Coronel Oviedo, pero posteriormente se les otorgó el beneficio del arresto domiciliario.

Además de los exministros, cuatro representantes de la Federación Nacional de Frutihortícolas de Paraguay también fueron condenados en el mismo caso. Silvio César Riveros recibió una condena de 11 años de cárcel, mientras que Lidio Irala e Ignacio Acuña fueron sentenciados a 9 años cada uno. Por su parte, Luis Piccardo deberá cumplir una pena privativa de libertad de 7 años.

Con estas detenciones y sentencias, se busca hacer justicia en relación al desvío de fondos públicos y la lesión de confianza cometidos por los exministros y los representantes de la federación. El cumplimiento de las condenas en la cárcel demuestra la voluntad del sistema judicial de Paraguay de responsabilizar a aquellos que abusan de su posición en el gobierno y cometen actos ilícitos en perjuicio de la confianza de la sociedad.

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