Conocido empresario que causó fatal accidente es proveedor del Estado y exasesor “ad honorem”

Eugenio María Sanabria Vierci, de 68 años, identificado como el causante de un grave accidente en la ruta Luque-San Bernardino, se encuentra actualmente internado en observación médica bajo custodia. El hombre, quien conducía un Volkswagen Tuareg de color azul, resultó con varias lesiones y fue trasladado al Hospital San Roque de Asunción para recibir atención médica. El Ministerio Público ya ordenó su detención mientras se investigan las circunstancias del accidente.

Los familiares de los afectados exigen que se haga justicia y temen que el hombre quede impune por tener una supuesta cercanía con Horacio Cartes y siendo sobrino del empresario multimillonario Antonio J. Vierci. No obstante, el comisario René Aquino, jefe de la comisaría 26 de Ciervo Cuá, señaló que no le temblará la mano para tomar todas las diligencia para que se cumpla la ley.

De acuerdo a los datos recabados, y que se encuentran en portales públicos del Estado, Sanabria Vierci es reconocido como el propietario de la firma Kuatiapó, una de las principales proveedoras de papel al Estado, y también ha sido asesor “ad honorem” de la Secretaría Nacional de Deportes (SND), un ente dependiente de la Presidencia de la República. En años anteriores, su empresa suministró 149.000 resmas de papel a diversas instituciones públicas, incluida la Presidencia.

Además, es relevante señalar que Kuatiapó fue una de las dos firmas favorecidas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para la provisión de papel durante su labor en el Gobierno, en un proceso licitatorio polémico.

El proceso fue criticado por la descalificación de otras tres empresas debido a la modificación del criterio de evaluación de las pólizas de seguro, que respaldan las ofertas presentadas en las licitaciones. Junto a Dalmi, representada por Rubén Velázquez, Kuatiapó obtuvo el derecho de proveer papelería a todas las instituciones del Estado en 2016.

A pesar de las restricciones que establece la Ley de Contrataciones Públicas, que prohíbe a los funcionarios ser proveedores del Estado, las autoridades en ese entonces justificaron que el hombre no recibía salario por su cargo de asesor ad honorem, no se considera funcionario público y, por tanto, puede ser proveedor del Estado.