La cuestión venezolana en debate en el Senado

La cuestión venezolana fue también tema del debate en la sesión extraordinaria de este miércoles en el Senado. El proyecto de resolución instando al gobierno a mantener su línea dura respecto del gobierno del chavista Nicolás Maduro, impulsado por Patria Querida, Hagamos, oficialistas, cartistas y llanistas, provocó un cruce de acusaciones entre parlamentarios de estos partidos con sus pares del izquierdista Frente Guasú, cuyo máximo referente Fernando Lugo estuvo como observador internacional en las elecciones legislativas del 6 de diciembre pasado, en que el chavismo recuperó el control de la Asamblea Nacional (Parlamento) que sirvió de plataforma para que el opositor Juan Guaidó se autoproclamara “presidente encargado” del país caribeño el 24 de enero de 2019.

La iniciativa, que tuvo como principales voceros a los senadores Fidel Zavala (PQ) y Gilberto Apuril (Hagamos), desconoce la validez de las últimas elecciones legislativas venezolanas, con argumentos basados en observaciones hechas por la Unión Europea (UE), de que “las condiciones electorales no permiten elecciones justas, democráticas y competitivas”, y de la Organización de Estados Americanos (OEA) y su secretario general Luis Almagro, sobre las supuestas evidencias de crímenes de lesa humanidad del gobierno de Maduro.

Las cifras de este supuesto genocidio denunciado por la OEA y recogidos en el proyecto que se discutió en el Senado, son verdaderamente aterradoras, pero a la luz de la controversia generada en torno a informes anteriores del organismo conducido por Almagro, especialmente la auditoría de las elecciones bolivianas de octubre de 2019, que provocó la caída del gobierno de Evo Morales, y desembocó en masacres memorables, como la de Senkata y Sacaba, sería razonable tomarlas en este caso con pinzas.

“18.093 ejecuciones extra judiciales realizadas por fuerzas de seguridad del Estado o colectivos desde 2011; 15.501 casos de detención arbitraria u otras instancias de privación severa de libertad desde 2014; decenas de millones de personas han sufrido o han sido objeto de lesiones graves debido a la actual crisis humanitaria creada por el régimen; 724 casos de desaparición forzada en 2018 y 2019; 653 casos documentados de tortura desde 2011, y miles de casos de violencia sexual que han sido convertidos armas por el régimen, incluso como método de tortura”, leyó Zavala los datos del informe de la OEA.

El proyecto recoge también la declaración de “16 países interesados por la crisis multidimensional que afecta a Venezuela, incluidos los miembros del Grupo de Lima, y entre ellos Paraguay, califican que las elecciones parlamentarías organizadas por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro carecen de legalidad y legitimidad porque fueron llevados a cabo sin las mínimas garantías de un Proceso democrático de libertad seguridad y transparencia, ni de integridad de los votos, ni la participación de todas las fuerzas políticas, ni de observación internacional”.

“El dictador Nicolás Maduro y el grupo de criminales que lo defiende y solapa deben entender que los demócratas de este continente jamás aceptarán y dejarán desamparados a los hermanos venezolanos”, agregó Zavala en la presentación.

A su turno, Abel González, Patrick Kemper, Georgia Arrúa, Sergio Godoy, Enrique Bachetta, tomaron la palabra para denunciar a Maduro y el chavismo, repitiéndose en los argumentos del proyecto de resolución, que tácitamente pide a Abdo Benítez no reconsiderar el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela y mantener el reconocimiento de Guaidó como “presidente encargado”, ya que a la asunción del nuevo parlamento venezolano, éste perdería sus atribuciones.

“Nosotros no podemos tener relaciones con un dictador, un criminal, una persona que no respeta absolutamente nada, somos firmantes de varios acuerdos internacionales, estamos en el contexto de lo que el mundo piensa que debe ser, no podemos relacionarnos con un régimen así”, argumentó Bachetta.

Godoy, por su parte, interpeló a sus pares de la izquierda por la “incongruencia” que “significa condenar, por un lado, la dictadura de Stroessner y sus crímenes, y por otro lado respaldar a un régimen criminal y genocida como el de Maduro”.

Por Maduro

A favor de Maduro, respondieron los luguistas Carlos Filizzola, Sixto Pereira y Hugo Richer. Los tres reivindicaron la legalidad y legitimidad de la Asamblea Nacional surgida de las elecciones cuestionadas por sus pares, destacando que contrariamente a lo que se sostiene por derecha, y pese a la baja participación que según dijeron es discutible en el contexto de “guerra económica” y “bloqueo norteamericano”, tuvieron “la participación de varios partidos de la oposición”.

“Esto fue producto de una agenda de diálogo entre gobierno y oposición, incluso se produjo el cambio de rectores del Consejo Nacional Electoral; hubo 14.000 candidatos entre oficialistas y opositores; hubo observadores internacionales, incluso de Estados Unidos y  Europa”, señaló Filizzola, que consideró el proyecto de sus colegas como “una abierta intromisión en los asuntos internos de otro país”.

“En Venezuela se hizo respetar la soberanía política, sin injerencia, pidiendo la autodeterminación y el respeto a su proceso interno”, argumentó por su parte Sixto Pereira. “Hay una cuestión de respeto a la soberanía económica, una de las reservas más grandes de petróleo, gas, y este proceso recuperó la explotación de esas riquezas de las trasnacionales norteamericanas, sobre esa base recuperó su soberanía económica; recuperó tierras públicas mal adjudicadas”, ilustró.

Y sin mencionarlo, el parlamentario luguista se dirigió al ganadero Zavala al señalar que “varios de estos proponentes (del proyecto) se apropiaron de tierras públicas, invaden tierras indígenas, contaminan, deforestan, y no quieren tributar”. “En Venezuela hay un gran sector empresarial y se debieron adecuar a las leyes ambientales, laborales; me parece interesante que los que aquí coinciden en una crítica furibunda son iguales a los empresarios que se habían apropiado de las riquezas, utilizando el aparato del Estado en Venezuela”, añadió.

Hugo Richer dividió la discusión en “medias verdades”. “Lo que ustedes no dicen, porque no se animan a decir; no se animan a condenar el bloqueo norteamericano a cualquier país del mundo; no puede entrar medicina en Venezuela por el bloqueo; ustedes lo saben, ustedes saben que no puede entrar alimentos a Venezuela; saben que hasta las reservas económicas fueron embargadas ilegalmente en un banco londinense; ustedes no se van a animar a decir eso”, afirmó.

“La pobreza en Venezuela dicen, pero cómo es posible que ustedes salgan del país del que viven para ver en otro país lo que existe en nuestro país”, les espetó Richer. “Acá, el Estado paraguayo está profundamente inficionado por el narcotráfico y otras formas de negocios ilícitos”, agregó.

Richer, recomendó a sus colegas googlear las “arbitrariedades y el autoritarismo” de dos países aliados de Estados Unidos en Asia y Oriente Medio, Turquía y Arabia Saudita, una monarquía aristocrática acusada históricamente de múltiples crímenes. “¿Qué piensan del gobierno de Arabia Saudita?”, les preguntó.

Finalmente, una moción de orden cerró la lista de oradores, poniendo fin a la discusión, pero cuando el proyecto iba a someterse a votación, la voz de Desirée Massi interrumpió el Zoom de la sesión virtual: la parlamentaria del PDP quería sumar su opinión, pero Oscar Salomón le recordó que la lista ya se había cerrado. “Ahh, están hablando de libertad y censuran; chau entonces”, le respondió Masi. El proyecto se aprobó por una considerable mayoría. Destacó la abstención de la colorada Lilian Samaniego.