Paro sería ilegítimo
La Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama) denunció al Cetrapam ante la Fiscalía por extorsión con el paro de buses anunciado y sostiene que es ilegítimo. Por su parte, el gobierno no logra encontrar una solución al problema que solo afectará a la ciudadanía.
El abogado Jorge Rolón Luna, asesor jurídico de la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama), quien hoy presentó denuncia contra Cetrapam por ilegalidad del paro, dijo que reconocen que el paro está consagrado como derecho, pero califican las circunstancias en que se da como ilegítimas. Dicen que las razones están basadas “en premisas falsas y tiene como objetivo el lucro desmedido de la Cetrapam”.
El representante jurídico de Opama, abogado Jorge Rolón Luna, dijo que presentaron una denuncia contra el Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) ante la Fiscalía porque consideran que el paro es ilegal. Aseguran que los transportistas solo quieren lucrar más a costa de dejar a los pasajeros sin derecho a la movilidad.
Si bien el jurista reconoció que el paro es algo consagrado como derecho, califican las razones y circunstancias de este paro, en particular como “ilegítimas, basadas en premisas falsas y tiene como objetivo el lucro desmedido de la Cetrapam”.
Enfatizó que por parte de los empresarios del transporte existió una amenaza “y esa amenaza debe entenderse como una coacción y perturbación al servicio público.
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Impunidad
Por otro lado, recordó que, en este caso, en particular, la intención de paro se acompaña de ciertos elementos, como la “protección histórica”, que le da el Estado a los transportistas y “la impunidad con la que han actuado”.
Puntualizó que a lo largo de estos años, los empresarios cobraron millones de dólares en subsidio y pese a ello siguieron prestando un servicio pésimo. “Resulta que ahora es un gremio que dice ser perseguido”, criticó el abogado.
Con respecto a la perturbación al servicio público, el especialista en derecho recordó que existe una expectativa de pena de hasta 5 años o multa, en la que se contemplan las atenuantes y también se considera la conducta culposa. En el caso de la coacción, se tiene un marco penal de dos años, explicó.
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