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Hallan vertedero clandestino en San Bernardino

vertedero de basura

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Agentes del Ministerio Público realizaron un allanamiento por Procesamiento Ilícito de Desechos y otros hechos punibles contra el medio ambiente en la ciudad de San Bernardino, tras el hallazgo de un presunto vertedero clandestino. La agente fiscal Lisa Martínez, de la Unidad Especializada del Medio Ambiente, tiene a su cargo la investigación del caso.

La denuncia fue presentada por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), cuyos encargados refirieron sobre este inmueble, ubicado en el Barrio Yvy Anguy de la mencionada ciudad. Durante el allanamiento, se pudo recolectar varios elementos probatorios que hacen a la individualizacion del o los responsables de la gestión integral de los residuos en esa localidad.

El procedimiento fue acompañado por un técnico de la Dirección Especializada en Delitos Ambientales y Fiscalizadores del Mades. En el local se pudo observar la acumulación de residuos domiciliarios en el suelo sin impermeabilización, sin piso y a cielo abierto.

Vertedero clandestino. San Bernardino. Foto: Ministerio Público.

En el lugar se encontraba presente el director de Aseo Urbano, Derlis Agustín Barrios, quien manifestó que supuestamente el sitio funciona como unidad de transferencia de residuos y que se encontraban acumulados debido a un desperfecto mecánico en el camión compactador, situación que imposibilitó el transporte para su disposición final en el vertedero perteneciente a la firma El Farol S. A., ubicado en la ciudad de Villa Hayes.

Posteriormente, se presentó el asesor jurídico de la Municipalidad de San Bernardino, Abg. Diego Fernández, quien negó lo dicho por el director de Aseo Urbano y manifestó que el lugar allanado no funciona como planta de transferencia de residuos, recalcando que la acumulación de desechos se dio ante la falla mecánica en el único camión compactador con que cuenta la institución municipal.

Los hechos investigados tienen una expectativa de pena privativa de libertad de hasta 5 años o multa, como también en el Art. 5° Inc. c) de la Ley 716/96 “Que sanciona delitos contra el ambiente”, con una expectativa de pena privativa de libertad de hasta 5 años y multa de 500 a 1.500 jornales.

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