El Poder Ejecutivo definió como estrategia, a fin de combatir al crimen organizado, la incursión de las Fuerzas Armadas de la Nación en los departamentos de Itapúa, Ñeembucú y Misiones. Esto sería en forma conjunta y para apoyar a las fuerzas del orden que corresponden a la Policía Nacional.
La decisión trajo consigo el apoyo de un sector, así como una serie de cuestionamientos por parte de otros. Esto se debería más bien a que la medida solo representa un parche al problema, no una solución.
Pero en busca de una solución, lo ideal sería una nueva problemática al intentar entender ¿quién responde a quién? ¿Quién tendrá la voz mando al dar las instrucciones que seguir, la policía o los militares?
Cíbar Benítez, secretario del Consejo de Defensa Nacional (Codena), afirmó que el foco en esta maniobra es la seguridad de la ciudadanía más que cualquier otra cosa, y que los militares solo serán un complemento a la labor del orden público.
Las críticas se dan a raíz de que no se trata de una nueva estrategia de seguridad, sino más bien de dotar de más agentes a una zona en la que se presume que, al igual que en otros municipios y departamentos, los agentes policiales y altos funcionarios judiciales, como algunos fiscales y empleados públicos, responden a las organizaciones criminales. Lo ideal entonces sería un cambio total de dichas autoridades, renovar el plantel.
La Constitución Nacional en su artículo N. 165 -DE LA INTERVENCIÓN- establece que: Los departamentos y las municipalidades podrán ser intervenidos por el Poder Ejecutivo, previo acuerdo de la Cámara de Diputados (...). Esta herramienta es fundamental para que pueda ser intervenida y elegir un interventor que podría ser una autoridad con fuerte figura política y de peso en cada departamento.
Si no se ataca el origen del problema, serían en vano las nuevas acciones que el Poder Ejecutivo analiza instalar, ya que el crimen organizado ha permeado todos los estratos de las instituciones.
