La imputación realizada por la Fiscalía contra el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, y ocho altos funcionarios de su gobierno (exministros) ha dejado en evidencia una peligrosa pugna entre dos importantes facciones del partido de Gobierno que ya no deberían de estar influyendo de forma directa y ejerciendo funciones, cuando la Constitución Nacional (CN) dispone que los expresidentes de la República serán senadores vitalicios -retirados para siempre de la vida política activa- y deben permitir emerger al nuevo gobierno y otros liderazgos.
Habiendo hecho de tabla rasa lo dispuesto en la Carta Magna, hoy tenemos a dos grupos políticos - ambos colorados - liderados por dos exmandatarios que amenazan con llevarse consigo los últimos vestigios de credibilidad e instituciones que se mantenían sobre la línea de flotación.
Además, las imputaciones tienen un marco de dudoso proceder fiscal, ya que, tanto el expresidente como un diputado en funciones, también llamado ante la justicia, tienen fueros, uno como senador vitalicio y otro como parlamentario activo. Por lo tanto, hubo una clara violación del debido proceso, de acuerdo a la propia Constitución Nacional (CN), primero se debía dar el desafuero por la Cámara de Senadores para luego ser sometidos a la Justicia, algo que no sucedió.
El enunciado de la Carta Magna en cuestión, específicamente en el artículo 189, establece que “los expresidentes de la República, electos democráticamente, serán senadores vitalicios de la Nación, salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables. No integrarán el cuórum. Tendrán voz, pero no voto”.
Abdo es el tercer expresidente paraguayo imputado por la Fiscalía, también lo fueron Juan Carlos Wasmosy y Luis González Macchi. Otros antecedentes a ser citados, son los casos de tres ministros de la Corte Suprema de Justicia: Óscar Bajac, César Garay y Sindulfo Blanco. Todos imputados y algunos casos con sentencia.
Toda esta maraña de inconstitucionalidades e interpretaciones subjetivas de las leyes que rigen a la Nación se teje desde gobiernos anteriores. Todo es un montaje que se prepara de acuerdo a los intereses políticos, personales y hasta de venganzas partidarias. Recordemos que Abdo, desde la presidencia de la República, se candidató a la titularidad del Partido Colorado, violando el Artículo 237 de la CN. Luego, Horacio Cartes, en su carácter de expresidente, no asume la senaduría vitalicia y tampoco se retira de la política.
Desde entonces, empezaron los cruces y, las informaciones oficiales o reservadas al campo político fueron haciéndose públicas y llegamos hasta el escenario actual donde las divisiones ponen en serio riesgo la estabilidad e institucionalidad del Gobierno, la poca confianza internacional que le queda a nuestro país y el propio Estado de derecho.
Como muestra de todo esto, los exjefes de Estado y de Gobierno miembros de la Iniciativa Democracia de España y las Américas (IDEA) ya manifestaron su preocupación por la imputación penal que el Ministerio Público formuló contra Abdo y sus colaboradores. Destacaron la importancia de que “todo ciudadano, y no solo un expresidente”, cuente con las garantías del debido proceso y la tutela judicial efectiva. También expresaron que estos derechos se ven comprometidos cuando existen complicidades indebidas entre los titulares de los órganos del poder público y el sistema judicial, especialmente cuando están motivadas por consideraciones políticas en lugar de la legítima protección de derechos afectados y justiciables.
Es urgente frenar el deterioro de la democracia en el país, la corrupción generalizada debe ser erradicada de todos los espacios de poder. La batalla que se inició con la campaña a la presidencia de la ANR (2023), donde ambos líderes violaron la CN, amenaza con llevarse al nuevo gobierno rumbo a una colisión, están a punto de hundir el barco.
