Un parque nacional es una zona natural protegida por el Estado con el fin de conservar ecosistemas, especies y paisajes de valor ecológico, científico y cultural, permitiendo usos humanos limitados como turismo responsable e investigación.
En Paraguay, la Ley N.º 352/94 de Áreas Silvestres Protegidas, junto con su modificación mediante la Ley N.º 6.422/2019, establece estos objetivos y obliga al Estado a asegurar la conservación, el control del uso público y sancionar a quienes incumplan. Bajo estas normas, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) tiene la responsabilidad de manejar el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (Sinasip).
El empresario argentino Wenceslao Benoit fue hallado muerto en la zona de Cerro León del Parque Nacional Defensores del Chaco—aunque los detalles del ingreso en solitario aún no están claros, el hecho expone graves falencias en control y vigilancia. ¿Cómo pudo un extranjero acceder sin acompañante profesional o autorización adecuada? O bien sin contar con el permiso correspondiente en un lugar con ciertas restricciones.
La respuesta es preocupante: Paraguay cuenta con apenas 83 guardaparques para custodiar más de 2,4 millones de hectáreas en 46 áreas protegidas. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), se necesita al menos un guardaparque por cada 500 hectáreas, lo que implicaría más de 5.000 guardaparques.
La realidad es clara: la vigilancia es insuficiente, y muchas áreas, como 37 de esos 11 parques, ni siquiera tienen infraestructura mínima de control.
El Mades es la institución responsable. Legalmente, debe garantizar seguridad, regular visitas y conservar el patrimonio natural. Pero enfrenta limitaciones graves: el presupuesto del año 2019 fue apenas el 0,06 % del Presupuesto General de la Nación (PGN) —alrededor de 56.000 millones de guaraníes—, y una propuesta eventual de presupuesto ideal de 130.000 millones fue rechazada. Para el 2024, los recursos asignados alcanzaron unos USD 7,5 millones, entre los más bajos del Estado. En octubre de 2024, el Mades pidió un aumento del 40 % para responder mejor a desafíos como incendios e institucionalidad débil.
Existe un desajuste entre las leyes (como la Ley 352/94 y su regulatoria de guardaparques) y su ejecución real: el déficit de personal, infraestructura, presupuesto y control territorial convierte a muchos parques en lo que se conoce como "parques de papel" —áreas protegidas solo en el papel, pero sin manejo efectivo. En Paraguay, más de un millón de hectáreas protegidas caen en esa categoría.
Clausurar el acceso al Cerro León del Parque Nacional Defensores del Chaco tras el hallazgo refleja una reacción tardía ante una responsabilidad previa; es una negligencia. En lugar de prevenir, se actúa cuando el daño ya ocurrió. Es negligente permitir el ingreso irrestricto a zonas peligrosas sin vigilancia, ni señalización, ni acompañamiento técnico.
Este no es un caso aislado. En el 2018, el turista austríaco Wilhelm Wabnegg desapareció en el mismo sector, después de internarse solo en el mismo parque. A pesar de un amplio operativo, nunca se supo más de él —otro ejemplo de vulnerabilidad sistemática.
La ausencia del Estado en los parques y la falta de sanciones a quienes violen la normativa de parques alienta a curiosos, aventureros —existen casos de organizaciones criminales— actuando en zonas de parques nacionales y áreas protegidas, vulnerando la misma soberanía nacional, no solo la ambiental. Áreas protegidas como Ybyturuzu-Guairá-Paso Bravo-Concepción, Amambay y el mismo Parque Defensores del Chaco han sido espacios de innumerables acciones delictivas, desde el caso Parque Cue pasando por todo tipo de acciones criminales en sus espacios que deben estar protegidos, como ordena la misma ley, deberían estar.
Si el Paraguay pretende cambiar el modelo e imagen del país hacia una economía verde y sustentable, debería iniciar con una gestión —segura y eficiente— en sus áreas protegidas y parques nacionales.
El concepto de parque nacional tiene el respaldo legal necesario, pero la capacidad real del Estado para ejecutarlo es precaria.
El caso Benoit expone fallas históricas: falta de personal, presupuesto ínfimo, infraestructura casi inexistente y ausencia de estrategia preventiva. Antes de clausurar una vez más tras tragedias, el Estado debe fortalecer al MADES, profesionalizar a los guardaparques, invertir en infraestructura y asegurar vigilancia real. Solo así los parques nacionales podrán dejar de ser "de papel" y transformarse en verdaderos bastiones de conservación, seguridad y respeto por el entorno natural.
