La semana que pasó dejó al desnudo una verdad incómoda: en Paraguay, la energía eléctrica —columna vertebral de la vida moderna— pende de un hilo. Los cortes masivos registrados el miércoles y jueves, con interrupciones que en algunos barrios se extendieron entre seis y hasta más de diez horas continuas, no fueron simples "inconvenientes técnicos". Fueron la evidencia de una crisis estructural en la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
Mientras miles de hogares permanecían sin suministro, la respuesta del titular del ente, Félix Sosa, fue minimizar la gravedad de los hechos, atribuyéndolos a picos de demanda y fallas puntuales. Pero para la ciudadanía no hubo nada de menor en lo ocurrido. Hubo supermercados y almacenes que perdieron productos por la ruptura de la cadena de frío; pequeños comerciantes que vieron arruinada su inversión; trabajadores independientes que no pudieron operar; barrios enteros sin agua fría ni ventilación en jornadas de intenso calor.
Porque el impacto no se limitó a la electricidad. También se interrumpió la distribución de agua potable, afectando a miles de familias. La provisión de agua —hoy bajo la estructura empresarial de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP S.A.)— depende directamente del suministro eléctrico para el bombeo y distribución. Sin energía, tampoco hay agua. La cadena de vulnerabilidad quedó expuesta.
En las calles, la falta de semáforos generó caos vehicular y situaciones de alto riesgo. En la noche, la oscuridad amplificó la inseguridad. Zonas completas quedaron sin iluminación pública, facilitando hechos delictivos y sembrando temor en comunidades ya castigadas por la violencia.
En hospitales y centros de salud, la situación alcanzó niveles alarmantes. Se reportaron partos asistidos con linternas ante fallas en el suministro eléctrico en quirófanos. El compromiso del personal sanitario evitó tragedias mayores, pero la imagen de mujeres dando a luz bajo luz improvisada resulta inadmisible en un país que se precia de ser potencia energética.
Las pérdidas económicas son millonarias y transversales. Pero el daño más profundo es institucional. Paraguay produce excedentes hidroeléctricos de escala internacional y cuenta con algunas de las represas más grandes del mundo, capaces de abastecer no solo al país sino a la región. Y, sin embargo, su población sufre cortes prolongados como si se tratara de un país sin recursos. En paralelo, está en puerta un ambicioso proyecto de tren de cercanía que será completamente eléctrico. La paradoja es evidente: ni siquiera se puede garantizar suministro confiable a la población y ya se proyecta un enorme sistema ferroviario dependiente de esa misma energía.
Ante este escenario surgen preguntas inevitables. ¿Se trata solo de falta de inversión y mantenimiento? ¿O estamos frente a años de improvisación y designaciones políticas en cargos técnicos estratégicos? La experiencia enseña que cuando las instituciones públicas se convierten en espacios de reparto político, la eficiencia y la planificación quedan relegadas.
Más inquietante aún es la posibilidad de que se esté generando un "clima" propicio para instalar la idea de que el servicio público es ineficiente por naturaleza y que la única salida es la concesión al sector privado. El antecedente de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) no puede ignorarse. Tras la apertura del mercado y el rol del ente regulador Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), junto con sucesivas concesiones al sector privado, la empresa estatal quedó progresivamente relegada hasta convertirse en una compañía obsoleta y deficitaria, lejos del protagonismo que alguna vez tuvo. Ese modelo, que debilitó a Copaco hasta casi hacerla irrelevante, no puede repetirse con la ANDE.
La privatización o concesión de las líneas de transmisión de mayor consumo podría presentarse como solución mágica. Pero la experiencia de los años 90, con procesos como el de Líneas Aéreas Paraguayas (LAP), demostró que la promesa de eficiencia privada no siempre se traduce en mejor servicio ni en menores costos para el ciudadano. La inversión privada en servicios públicos no es negativa en sí, pero cuando se utiliza el deterioro deliberado o la desidia institucional para justificar cambios estructurales, los usuarios pagan las consecuencias.
La ANDE necesita fortalecimiento, no debilitamiento estratégico. La electricidad sostiene hospitales, industrias, escuelas, semáforos y hogares. Sostiene la vida cotidiana. Jugar con su estabilidad —por negligencia, incapacidad o cálculo político— es jugar con el futuro del país. Paraguay no puede naturalizar partos con linternas, caos vial por falta de semáforos, hogares sin luz ni agua durante horas, ni un sistema ferroviario eléctrico que no tendrá soporte confiable.
Porque mientras falte energía eléctrica con la actual demanda digital, no habrá calidad de vida para la población y el desarrollo —a pesar de las condiciones favorables para inversiones— se convertirá en otra oportunidad desperdiciada. Es urgente que se asuman responsabilidades, se planifique con profesionalismo, se invierta con visión de largo plazo y se proteja el patrimonio estratégico del país. Porque mientras la energía falla, falla el país entero.
