La promulgación de la Ley N° 7.599/25, que habilita a Paraguay a generar, comercializar y exportar energía eléctrica a partir de fuentes no hidráulicas, representa un punto de inflexión en la trayectoria energética nacional. Este giro estructural, defendido por el presidente Santiago Peña como una herramienta para "fortalecer el clima de inversiones" y modernizar nuestra matriz eléctrica, abre la puerta a un abanico de oportunidades y desafíos que no puede ser visto con simplismo.
Durante décadas, Paraguay ha disfrutado de una posición destacada en el concierto energético mundial gracias a su casi total dependencia de la energía hidroeléctrica siendo coproprietarios en el sector —con gigantes como Itaipú y Yacyretá como pilares de esa ventaja comparativa. Sin embargo, expertos y empresarios vienen advirtiendo desde hace tiempo sobre los límites de ese modelo, especialmente ante el crecimiento sostenido de la demanda y la amenaza que implican las variaciones climáticas en la producción hídrica. De hecho, el país necesitará al menos 300 megavatios adicionales por año para satisfacer su consumo, una expansión que requerirá no solo inversión local, sino también financiamiento extranjero para sostener el costo financiero de nuevos proyectos.
La nueva ley no solo permite a privados generar energía a partir de fuentes como solar, eólica, biomasa y geotermia, sino que les habilita a vender excedentes e incluso exportar al mercado regional. Asimismo, reconoce figuras como la del "gran consumidor", que podrá comprar energía directamente a generadores privados, rompiendo la histórica exclusividad de la ANDE como centro de producción y comercialización. Esta apertura crea, en teoría, un entorno más competitivo y flexible, con potencial para atraer capitales frescos, innovación tecnológica y crecimiento industrial.
Uno de los grandes desafíos del sistema eléctrico paraguayo es su estructura de consumo y distribución: el 60% del consumo se concentra en el área metropolitana de Gran Asunción, lo que implica que la inversión en transmisión y distribución seguirá siendo costosa, especialmente en los últimos kilómetros, los menos rentables. En este contexto, la energía solar se perfila como una solución estratégica, ya que permite generar electricidad en el mismo lugar donde se consume, reduciendo pérdidas y costos logísticos. Además, la implementación de tecnología solar en techos permitirá que cada usuario sea su propio generador y consumidor, generando empleo distribuido: se proyectan más de 200.000 puestos de trabajo repartidos en numerosas pequeñas empresas surgidas de esta expansión tecnológica.
No obstante, persisten problemas estructurales que la ley por sí sola no resuelve. El sistema eléctrico paraguayo enfrenta cuatro dificultades principales:
1. Tarifas que no reflejan el costo real de la energía en distintas regiones, vendiéndose a precios muy por debajo del promedio regional (menos de 0,06 USD/kWh, frente a 0,20-0,27 USD/kWh en países vecinos).
2. Mala cobranza por parte de instituciones públicas y privadas, lo que genera un elevado costo financiero y administrativo.
3. Pérdidas de energía superiores al 30%, mientras que el promedio regional ronda el 16%.
4. Falta de autoridades de aplicación y regulación efectiva en todos los eslabones de la industria, que requieren fortalecimiento institucional.
La ley también impulsa figuras como el autoconsumo y la ecogeneración, permitiendo que pequeños generadores inyecten excedentes a la red nacional. Esta lógica puede incentivar el uso eficiente de la energía y reforzar la resiliencia ante picos de demanda, algo crítico en un contexto donde la demanda sigue creciendo de manera significativa.
Un aspecto crucial para que Paraguay pueda aprovechar completamente el potencial de la nueva ley es el desarrollo de capital humano especializado. Actualmente, la Universidad Nacional de Asunción (UNA) es la única institución en el país que ofrece la Carrera de Ingeniería en Energía, con los primeros graduados de esta especialización egresando este año. La falta de técnicos calificados y la escasa oferta educativa en este campo limita el crecimiento de la industria energética, especialmente en un contexto donde la demanda de expertos en energías renovables y sostenibles se incrementa exponencialmente. Se requieren más universidades y cursos de postgrado que formen profesionales con el conocimiento y las capacidades necesarias para enfrentar los desafíos de este sector emergente. La creación de una red educativa y técnica robusta será clave para sustentar los proyectos que la ley impulsa.
En definitiva, la Ley N° 7.599/25 puede ser un paso audaz hacia el futuro, pero solo si se acompaña de políticas públicas robustas que equilibren inversión, equidad y sostenibilidad. La diversificación tiene el potencial de transformar al país en un hub regional de energías limpias y competitivas, pero ese proceso exige reglas claras, supervisión eficaz y un compromiso real con la inclusión social. No será suficiente abrir mercados si no se garantiza que los beneficios lleguen a hogares, industrias medianas y zonas rurales, y si no se minimizan los riesgos de desigualdad en la asignación de recursos.
Modernizar nuestra matriz energética es un desafío enorme que requiere visión técnica, transparencia institucional y liderazgo estratégico. Paraguay cuenta con ventajas comparativas únicas, pero estas deben ser acompañadas de un crecimiento sostenible en educación para formar a los profesionales que puedan ejecutar, regular y optimizar los proyectos de energía renovable. Aprovechar nuestras fortalezas será la verdadera prueba de éxito para la nueva economía que se viene.
