La Ley N° 7.599/25, promulgada por Santiago Peña, introduce un cambio de paradigma en el sistema eléctrico nacional al habilitar la generación, comercialización y exportación de energía desde fuentes no hídricas. El viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, detalla los alcances de la norma, su impacto económico y los desafíos de implementación.
Un quiebre en el esquema histórico de la energía
La promulgación de la Ley N° 7.599/25 marca un antes y un después en la política energética de Paraguay. Por primera vez, el país habilita de manera plena la participación del sector privado en la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables no hídricas, rompiendo un modelo históricamente concentrado en la generación hidroeléctrica y su comercialización casi exclusiva a través de la ANDE.
En entrevista exclusiva con El Nacional, el viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, explicó que el cambio más relevante introducido por la norma es la creación de nuevas figuras dentro del mercado eléctrico, especialmente la del gran consumidor. Señaló que se trata de usuarios con una demanda igual o superior a 30 megavatios, habilitados a comprar energía directamente de generadores privados.
Bejarano subrayó que esta es la primera vez en Paraguay que una persona física o jurídica puede inscribirse como generadora, obtener una licencia bajo determinados condicionamientos y vender esa energía de manera directa, ya sea a grandes consumidores, a la ANDE, a concesionados o incluso al mercado externo.
Generación privada, exportación y nuevas reglas de juego
El viceministro destacó que la ley amplía de manera concreta las posibilidades de negocio en el sector energético. Además de la venta directa a grandes consumidores, se consolida la posibilidad de exportar energía bajo condiciones más viables, gracias a la habilitación del nodo de exportación BITPU, que mejora la logística y la factibilidad económica de los proyectos.
La normativa también incorpora la figura del concesionado, que permitirá que, además de la ANDE, existan otros actores habilitados a comprar energía generada por privados, una vez que se complete la reglamentación correspondiente. Para Bejarano, este esquema abre un mercado inexistente hasta ahora y genera una movilización económica distinta a la conocida.
Según explicó, el país deja atrás un esquema cerrado, donde las hidroeléctricas proveían únicamente a la ANDE y esta concentraba la comercialización, para pasar a un modelo más abierto y competitivo.
Autoconsumo, ecogeneración y alivio al sistema eléctrico
Otro de los ejes centrales de la ley es el fortalecimiento del autoconsumo y la ecogeneración, especialmente a través de tecnologías como la solar fotovoltaica. Bejarano explicó que quienes generen su propia energía podrán inyectar a la red el excedente no utilizado, el cual deberá ser adquirido por la ANDE.
Este mecanismo, señaló, permitirá aliviar la demanda en horarios críticos, particularmente al mediodía, cuando el consumo alcanza picos elevados. Al mismo tiempo, fomenta una mayor eficiencia en el uso de la energía y una participación más activa de los usuarios en el sistema eléctrico.
El viceministro indicó que también se avanzó en la simplificación de los procesos de otorgamiento de licencias, con el objetivo de acelerar la implementación de proyectos y evitar trabas burocráticas.
Diversificación de la matriz y seguridad energética
Bejarano sostuvo que el núcleo de la ley es la diversificación de la matriz energética. Paraguay, pese a ser uno de los mayores productores de energía hidroeléctrica del mundo, enfrenta riesgos estructurales al depender casi exclusivamente del régimen de lluvias y del caudal de los ríos.
La incorporación de fuentes como la biomasa, el biogás, la bioenergía, la solar y la eólica permitirá mejorar la resiliencia del sistema y garantizar la seguridad energética a largo plazo. En ese marco, anunció que ya se trabaja en la licitación de los primeros 140 megavatios de energía solar fotovoltaica en el Chaco Central, que serán producidos con inversión privada y adquiridos por la ANDE.
Este paso, explicó, marcará la primera inyección de energía no hidroeléctrica a gran escala en el sistema eléctrico nacional.
Inversión, empleo e industrialización
El viceministro vinculó directamente la nueva normativa con la estrategia de desarrollo económico e industrial del país. La generación de energía, afirmó, no solo implica infraestructura, sino también una importante creación de empleo, formación de mano de obra especializada y desarrollo de nuevas capacidades técnicas.
Destacó que la disponibilidad de energía confiable y diversificada es un factor decisivo para atraer industrias tradicionales y nuevos grandes consumidores, como los centros de datos, que demandan altos volúmenes de energía de manera constante. En ese contexto, remarcó que Paraguay no puede perder su condición de país con excedente energético, una de sus principales ventajas competitivas.
Implementación, regulación y rol del Estado
En cuanto a la implementación, Bejarano aseguró que el proceso será inmediato y que el Viceministerio de Minas y Energía tendrá un rol central como autoridad de aplicación, especialmente en el otorgamiento de licencias. El trabajo se realiza de manera coordinada con la ANDE, que también avanza en la elaboración de los pliegos licitatorios necesarios.
El viceministro adelantó que, a futuro, se prevé la creación de un ente regulador energético que permita dar mayor dinamismo, previsibilidad y transparencia al sector, reforzando el marco institucional y acompañando el crecimiento del mercado.
Un impacto transversal en la economía
Frente a las críticas sobre un posible beneficio concentrado en grandes empresas, Bejarano sostuvo que la ley apunta a un beneficio país. Señaló que la normativa contempla oportunidades tanto para grandes inversiones como para pequeños generadores y usuarios residenciales, a través del autoconsumo, la inyección de excedentes y el acceso a créditos blandos.
Según afirmó, la apertura del mercado energético generará un movimiento económico distinto al actual, con impacto en el empleo, la industrialización, el crecimiento del Producto Interno Bruto y la capacidad del país de atraer inversiones estratégicas. La ley, concluyó, busca garantizar que la disponibilidad de energía siga siendo un motor de desarrollo para toda la economía nacional, desde el ciudadano común hasta los grandes proyectos industriales.
