Ante una inminente destitución vía juicio político, el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, decidió el pasado 17 de mayo disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones, avalado por la normativa denominada muerte cruzada, establecida en la legislación ecuatoriana. Dicha herramienta es cuestionada por sus opositores; sin embargo, el accionar del jefe de Estado se enmarca dentro de sus potestades jurídicas y constitucionales. Guillermo Lasso puede gobernar vía decreto por seis meses.
La muerte cruzada podría considerarse un arma legal de doble filo, ya que, de hallarse culpable Lasso de las acusaciones de delito de peculado (malversación de fondos), por no dar por terminado un contrato entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y el consorcio Amazonas Tankers para el transporte de derivados de petróleo, este tiempo podría utilizarlo a su favor.
Con la aplicación de esta normativa, Lasso debe convocar a elecciones hasta siete días después del anuncio oficial, y deberá extenderse por un plazo de 90 días. El mismo podrá buscar su reelección con la posibilidad de perder el poder antes del término oficial de su mandato en 2025; es por eso que la expresión se considera muerte cruzada, ya que tanto el primer mandatario como la Asamblea Nacional pueden perder sus atribuciones al decretarla.
Las nuevas autoridades electas ocuparán sus cargos únicamente hasta 2025, cuando concluya el periodo constitucional actual (2021-2025).
La muerte cruzada no será una ventaja que tenga el nuevo mandatario electo, ya que no se la podrá volver a invocar en lo que resta del periodo constitucional. Esta herramienta es conjurada cuando el presidente considera que la Asamblea Nacional le impide gobernar, por eso decide su disolución.
Algunos politólogos ecuatorianos consideran esta medida de Lasso como "un suicidio político".
La Asamblea Nacional ecuatoriana estaba conformada por el movimiento oficialista CREO, encabezado por Guillermo Lasso, de la oposición; el correísmo, liderado por el exmandatario Rafael Correa, y el Partido Social Cristiano. Una representación pluralista.
Si un gobierno de izquierda llegara al poder en Ecuador en las siguientes elecciones, podría haber cambios en la política del país con respecto a su relación con Estados Unidos y China. Históricamente, los gobiernos de izquierda en Sudamérica han tenido una postura más crítica hacia Estados Unidos y han buscado estrechar lazos con otros países de la región y con China.
En cuanto a las representaciones en la región, actualmente en Ecuador lidera la derecha, al igual que en Perú, con Dina Boluarte y en Uruguay, con Luis Lacalle Pou; Chile y Colombia están gobernados por la izquierda, con Gabriel Boric y Gustavo Petro al frente, respectivamente. Así también, Luis Arce en Bolivia, Alberto Fernández en Argentina, Lula da Silva en Brasil y Nicolás Maduro en Venezuela son de tendencia izquierdista.
En Paraguay gobierna la derecha con Mario Abdo Benítez y seguirá el mismo derrotero Santiago Peña, una vez que asuma el nuevo gobierno el próximo 15 de agosto.
En este escenario geopolítico, China y Estados Unidos, que tienen intereses significativos en América del Sur, buscarán asegurar y expandir sus influencias en la región por diferentes motivaciones, siendo los recursos naturales una de las más importantes. En tanto el gigante asiático pretende recursos y mercados, el país de norte ambiciona mantener su influencia y promover la estabilidad política en la región. La competencia entre ambas potencias por la influencia en territorios sudamericanos es un aspecto importante de la dinámica política que puede verse afectado por el conflicto en Ecuador.
China ha aumentado su presencia en Sudamérica en las últimas décadas a través de préstamos, inversiones y acuerdos comerciales. La región es vista como una fuente importante de recursos naturales y como un mercado para los productos chinos.
En el caso de Estados Unidos, ha sido tradicionalmente un actor importante en América del Sur debido a su proximidad geográfica y lazos históricos. Los intereses estadounidenses en la región se centran en mantener la estabilidad política, promover la democracia y proteger sus intereses económicos.
Sin embargo, cada país es diferente y es difícil predecir cómo podría ser la política exterior de un eventual gobierno de izquierda en Ecuador, lo cual solamente agravará la incertidumbre en términos geopolíticos.
