EditorialAnálisis
En Paraguay, el desarrollo urbano y territorial ha sido, en incontables ocasiones, rehén de la improvisación, de maniobras políticas y del clientelismo. Nuestras ciudades crecen, pero lo hacen desordenadamente, sin visión de largo plazo, sin equilibrio entre lo urbano y lo rural, y sin garantizar calidad de vida. Esto no es casual: es el resultado de la falta de una planificación comunitaria y de una cultura institucional en la que los intendentes y concejales no sienten el deber -ni la obligación legal suficiente- de rendir cuentas claras y accesibles a los contribuyentes.
La planificación comunitaria no es un capricho tecnocrático. Es una herramienta fundamental que permite a una comunidad pensar en su futuro y construirlo colectivamente. Implica identificar necesidades, establecer prioridades, proyectar infraestructura, regular el uso del suelo y promover una participación ciudadana genuina. Es, en esencia, una apuesta por ciudades más justas, funcionales y resilientes. Lo que ocurre en Paraguay, sin embargo, es que las decisiones sobre el destino de millones en fondos públicos se toman entre cuatro paredes, con escasa o nula consulta vecinal, sin indicadores de gestión, y con mínima o inexistente transparencia.
La reciente propuesta legislativa, entregada a la Cámara de Diputados por el grupo denominado Contraloría Ciudadana de Luque, para que intendentes y concejales estén obligados a rendir cuentas públicamente, una vez al año, no debería ser vista como una amenaza por las autoridades municipales, sino como un acto mínimo de respeto hacia quienes les confiaron el manejo de los recursos.
Hoy, la Ley N.º 5.590/16, conocida como Ley Orgánica Municipal, establece la obligación de rendir cuentas ante la ciudadanía, pero no contempla ningún tipo de castigo en caso de incumplimiento, lo que deja la norma sin fuerza ejecutoria. Las consecuencias son irregularidades administrativas, falta de seguimiento comunitario y una puerta abierta a la corrupción.
Y ya conocemos los antecedentes. Los escándalos de malversación, sobrefacturación, contratos fantasmas y uso político de los fondos municipales no son excepciones aisladas; forman parte de una cultura arraigada en numerosos municipios. Casos como Lambaré; o el desvío de recursos en varias municipalidades del Departamento Central, que generaron millonarias pérdidas al Estado, son solo algunos ejemplos de un patrón que se repite, que es la falta de control, impunidad y ciudadanos desinformados.
Un caso especialmente preocupante es la administración de los royalties -fondos millonarios transferidos a los municipios por la generación hidroeléctrica- cuya ejecución debería traducirse en mejoras tangibles para las comunidades. Sin embargo, la falta de mecanismos de rendición pública y seguimiento ciudadano ha convertido a estos recursos en una especie de "caja negra".
En lugar de invertir en infraestructura básica, desarrollo productivo o servicios esenciales, estos fondos se destinan a gastos superfluos o se diluyen en contratos sin transparencia. Si los royalties se generan de una explotación natural - como los recursos hídricos, a través de las hidroeléctricas - se debería de devolver al ambiente un buen porcentaje, al menos un 40% debería ir destinado a programas ambientales locales, como gestión de residuos, cuidado de cuencas, cuerpo de aguas superficiales, solo por dar algunos ejemplos.
Urge ir más allá del simple reclamo. La planificación comunitaria y la rendición de cuentas son pilares de una gestión pública moderna y ética. Un intendente que no presenta su plan de desarrollo ni rinde cuentas como mínimo una vez al año no está haciendo su trabajo. Y una ciudadanía que no exige estos mecanismos es cómplice involuntaria del deterioro institucional.
Hoy, con herramientas digitales, con acceso a bases de datos y con experiencias exitosas en otros países -y en algunos municipios paraguayos que apuestan por la transparencia- no hay excusas. Es momento de que los gobiernos locales asuman que gobernar es también explicar, rendir, justificar. Y que planificar no es demorar, sino proyectar. Solo así dejaremos de administrar ruinas y comenzaremos a construir ciudades verdaderamente dignas, sostenibles y democráticas.
Porque, en definitiva, quien no rinde cuentas no merece seguir administrando fondos públicos. Y quien no planifica con su comunidad, gobierna de espaldas a ella.
