EditorialAnálisis
En solo unos días -algo sin precedentes recientes en esta materia-, la Secretaría de Defensa al Consumidor (Sedeco) sancionó con multas de entre G. 107 y G. 500 millones a las tres principales empresas tecnológicas del país, que juntas controlan el 96% del mercado de telefonía móvil.
En Paraguay, el mercado suele disfrazar la concentración de poder económico con la ilusión de la elección. En apariencia, los consumidores acceden a múltiples marcas o servicios. En la práctica -detrás de muchos sectores estratégicos- opera una lógica conocida: pocos jugadores, enorme poder y escasa competencia. Es el modelo del oligopolio, que daña la economía del ciudadano común y distorsiona las reglas del libre mercado.
Un oligopolio es una estructura de mercado donde un pequeño número de empresas domina la industria, los servicios y el mismo comercio, teniendo un control significativo sobre los precios y la producción. Estas empresas suelen ser conscientes de su interdependencia y actúan estratégicamente, considerando las reacciones de sus competidores.
El abuso contra los consumidores suele ser evidente, de forma abierta y hasta si se quiere grosera; sin embargo, muchas veces adopta formas más sutiles, pero igualmente lesivas: precios artificialmente altos, calidad estancada, cláusulas contractuales abusivas, falta de información clara, y escasas alternativas reales. Son efectos directos de un sistema económico concentrado, donde unos pocos actores imponen condiciones desde su posición dominante.
La Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) aparece como una institución clave para garantizar que el mercado no se convierta en un juego amañado. Su misión es clara: promover y defender la libre competencia en todos los sectores económicos del país. La misma nace con motivo de la promulgación de la Ley N.º 4.956/2013 de Defensa de la Competencia, que tiene su génesis en el artículo 107 de la Constitución Nacional; en la norma se crea la institución y le confiere, entre otras, las facultades de estudiar e investigar los sectores económicos, analizando la situación y grado de competencia de cada uno de ellos, así como la posible existencia de prácticas que limiten esta competencia y, sobre todo, donde el consumidor no quede a merced del más fuerte.
Sin embargo, los desafíos que enfrenta Conacom son estructurales. Muchas de las conductas anticompetitivas no son fácilmente detectables, y menos aún sancionadas, si no hay voluntad política, apoyo técnico y una ciudadanía informada y activa. Es imprescindible dotar a este organismo de mayor independencia, recursos y fuerzas legales para actuar con firmeza. Y es aquí donde la acción del Gobierno debe trascender los discursos: promover mercados más justos debe ser una política de Estado, no solo una consigna institucional.
Lo que está en juego es más que el precio de un servicio o producto: es la posibilidad de que Paraguay transite hacia una economía moderna, transparente, abierta a la innovación y centrada en el bienestar ciudadano. Un país donde no gane el que tiene más poder, sino el que compite mejor.
En todos los discursos y propuestas gubernativas se menciona a la economía nacional como de libre mercado, pero la realidad es que el mercado paraguayo debe ser liberado y para que esto se logre, instituciones como la Sedeco y la Conacom ya están dando los primeros pasos. Que este debate ingrese en la agenda pública como una propuesta de Gobierno es urgente y estratégico. No se trata de intervenir artificialmente en el mercado, sino de corregir sus fallas más evidentes. La libre competencia no es un lujo teórico; es la mejor garantía de justicia económica en democracia.
