La Organización de Pasajeros del Área Metropolitana (OPAMA) -organismo no gubernamental- ha realizado una investigación sobre el transporte público y el nuevo sistema de pagos por dicho servicio e identificaron que algunos buses -desviando sus itinerarios- no realizan el recorrido debido y previsto, con el agravante de falsear datos de supuestos pasajeros, siendo beneficiarios además del subsidio público por un servicio que, en resumidas cuentas, no se realiza. Estos datos dejaron en evidencia la inoperancia, descontrol y hasta complicidad del Gobierno con las empresas transportistas -todas privadas- concesionarias del servicio. Entre otros puntos, descubrieron que las reguladas están directamente relacionadas con la carga de “pasajeros fantasmas”. El muestreo se hizo solamente en los pasajes cargados entre enero de 2022 y marzo de 2023.
Se trata de un fraude -una verdadera estafa- con el billetaje electrónico y el pago de subsidio a los transportistas; esto debe movilizar a la Fiscalía que tiene que investigar y ser implacable con los responsables que hacen pasar malos ratos y daños en calidad de vida y productividad a los ciudadanos y el desarrollo del país. Las autoridades deben buscar una solución definitiva para lograr un sistema de transporte cómodo, seguro y, sobre todo, puntual. La transparencia en el manejo de los fondos destinados a este ámbito debe ser una prioridad.
Urgen relevamientos e información de calidad con libre acceso al público, a investigadores académicos, a la cooperación internacional, gestores públicos, a las empresas interesadas en prestar dicho servicio, como punto de partida en el diseño de los nuevos proyectos, tanto urbanos, suburbanos e incluir las áreas rurales donde la gente deje de caminar hasta sus casas, centros educativos o lugares de trabajo por falta de transporte público. La ausencia de planificación quizá sea uno de los mayores déficit en cuanto a gestión y gobernanza urbana. En general, los gobiernos y actores empresariales impulsan una política que pretende construir proyectos mediocres -y de corto plazo- bajo el argumento de que no existe tiempo ni recursos para desarrollarlos adecuadamente, cuando en realidad es una excusa para mantener el statu quo de una a situación que ya resulta impostergable en su reforma.
Al próximo gobierno le queda el desafío de modificar este arcaico y corrupto sistema. Solo en el año 2023, en concepto de subsidio, se pagaron USD 9 millones a los transportistas; el año pasado la suma fue de USD 35 millones desembolsados en el mismo rubro. Sin embargo, al pésimo servicio de transporte ahora debemos sumar las reguladas y los fraudes con recorridos no realizados y pasajeros fantasmas.
El transporte público debe ser encarado como una política de Estado transectorial y holística, es social, laboral y económica. La puntualidad en los horarios de los itinerarios; la seguridad en el transporte de personas y la forma de adjudicarse los itinerarios y que los mismos contemplen integrar a los conos urbanos al resto de ciudades dormitorios, deberían ser temas de prioridad en la agenda del siguiente gobierno, como así también la identificación y posterior sanción a los responsables de ser comprobados los fraudes al erario y menoscabo en la calidad de vida de los ciudadanos paraguayos.
