EditorialAnálisis
La reciente decisión del Congreso Nacional de archivar el proyecto de construcción de un obelisco de 40 metros en el Chaco, a un costo de más de G. 4.280 millones, dejó al descubierto no solo la desconexión de ciertos legisladores con las prioridades reales del país, sino también una peligrosa confusión de atribuciones. Lo que comenzó como una propuesta presentada como acto de "patriotismo" terminó exhibiendo una práctica institucional preocupante: el Congreso, en lugar de legislar y fiscalizar, intenta diseñar y ejecutar obras públicas, invadiendo competencias ajenas al Poder Legislativo.
La Constitución Nacional, en su Artículo 3 sobre la División de Poderes, es clara: los legisladores no están facultados para impulsar ni ejecutar proyectos de infraestructura. El diseño, aprobación técnica, ejecución y fiscalización de obras públicas es función del Poder Ejecutivo, a través de organismos especializados como el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la Secretaría Nacional de Cultura, el Ministerio Defensa Nacional, o los gobiernos municipales, según la escala del proyecto.
Sin embargo, en este caso, el Congreso pretendía destinar más de cuatro mil millones de guaraníes mediante una ampliación presupuestaria, sin contar con estudios de factibilidad, sin consultas al área cultural, sin evaluaciones urbanísticas, sin escuchar a la ciudadanía y —lo más grave— sin coordinar con las instituciones que por Ley son las responsables de planificar este tipo de intervenciones.
En un país donde miles de estudiantes asisten a escuelas sin techos, donde los hospitales públicos operan con recursos mínimos, y donde la desigualdad social se profundiza, proponer semejante gasto bajo la bandera del homenaje resulta ofensivo. No por el gesto simbólico —la memoria histórica merece respeto—, sino por el método y la oportunidad. Como advirtió el historiador y urbanista Jorge Rubiani, Paraguay no tiene hoy un solo sitio histórico en condiciones dignas de veneración. Ni siquiera Humaitá, el enclave más emblemático de nuestra historia bélica, cuenta con infraestructura adecuada, personal capacitado o políticas públicas que aseguren su preservación.
Entonces, la pregunta no es si necesitamos nuevos monumentos. La pregunta es si el Gobierno —y en este caso el Congreso— está haciendo lo suficiente por cuidar los que ya existen. Y la respuesta es evidente: no.
Este proyecto frustrado revela una peligrosa tentación del Legislativo a extralimitarse en sus funciones, promoviendo iniciativas fuera de su competencia, sin planificación, sin criterio técnico, sin enfoque de política pública. No es la primera vez que ocurre. El problema es que se naturaliza. Se instala la idea de que, con mayorías coyunturales, el Congreso puede todo: ampliar partidas, disponer fondos, impulsar obras, alterar la planificación nacional, sin diálogo con otros poderes ni con la ciudadanía.
El rol del Congreso es legislar con visión, controlar al Ejecutivo, y debatir las grandes orientaciones del país. No le corresponde decidir si se construye o no un obelisco, una ruta o un hospital. Menos aún si no hay planificación, ni análisis de impacto, ni proceso participativo.
En lugar de jugar a ser promotores de obras monumentales, los legisladores deberían asumir con seriedad su responsabilidad de dotar al país de políticas públicas coherentes, de marcos jurídicos modernos, de presupuestos acordes a la realidad nacional. Y también deberían rendir cuentas por cada desvío, por cada despropósito, por cada intento de usar el Gobierno como caja política.
Los monumentos, cuando son auténticos, sirven para preservar la memoria colectiva. Pero cuando se levantan desde la improvisación o la demagogia, solo refuerzan el olvido. Porque lo que se recuerda no se construye con cemento, sino con compromiso institucional, con respeto a la historia y, sobre todo, con políticas públicas que dignifiquen el presente de quienes aún luchan por un país más justo. El Congreso Nacional debe recuperar la institucionalidad y funcionamiento conforme a la Constitución Nacional y debe evitar deslices peligrosos que amenazan al sistema de división de poderes.
