De acuerdo con la Ley N° 4559/12 de la Inscripción Automática en el Registro Cívico Permanente (RCP), todos los paraguayos que cumplan dieciocho años de edad, formarán parte del RCP en forma automática para posteriormente conformar el padrón nacional. No así de un partido político, por lo que cada persona puede afiliarse voluntariamente y por convicción a la nucleación política con la que tenga afinidad e indentifique.
Entiéndase que estos registros sirven para poder ejercer el derecho al sufragio en las elecciones internas de los partidos políticos, quienes estén afiliados, y posteriormente en las elecciones generales. Sin embargo, esto no ha sido tenido en cuenta para los próximos comicios partidarios por parte de autoridades de la Justicia Electoral quienes aprobaron la utilización del padrón nacional en las internas de la Concertación - un conjunto de partidos de la oposición - el próximo 18 de diciembre.
Este hecho no solo ha causado la indignación y malestar de muchos afiliados a uno que otro partido político y no precisamente por fanatismo a sus colores y líderes, sino más bien por que esto representa una nueva trasgresión a la ley electoral como se viene realizando en el país a muchas otras normativas. En filas coloradas provocó una avalancha de presentaciones de Habeas data solicitando la exclusión de sus nombres del padrón a ser utilizado por los opositores.
A pesar que desde la oposición alegan que el padrón nacional no pertenece a ningún partido y pretenden realizar sus elecciones internas con adeptos a otros partidos sin que éstos hayan dado su consentimiento. Los afectados tienen el derecho a reclamar considerando que por algún motivo se afiliaron a un Partido Político.
Expertos en temas electorales, advirtieron que este hecho puede traer problemas para la propia Concertación, tal como ocurrió en el 2015 con la candidatura de Mario Ferreiro cuando se postuló como intendente a Asunción representando también a un grupo de partidos menores. En dicha ocasión, la ANR quien promovió la demanda, ganó en primeras instancias. La resolución final sigue pendiente en la Corte Suprema de Justicia, hasta hoy.
De correr con la misma suerte, esto podría complicar aún más el proceso electoral nacional en abril del 2023.
Independientemente a que esto sea un tema de interés meramente político, también se puede percibir que la trasgresión a la ley es lo más común y fácil que puede llegar a realizar en este país debido a la impunidad e injusticia en que vivimos.
De ir a comicios con tantos cuestionamientos y sobrepasando las leyes, solo nos resta por esperar, que nada nuevo y menos esperanzador, podría significar la tan mentada alternancia de signo político en el Gobierno Nacional en Paraguay. Los que aspiran a constituirse en nuestras próximas autoridades, en carácter de cambio o alternancia al modelo actual, no han tomado los recaudos legales siquiera para presentar una conducta política diferente. Siendo que desde antes buscan llegar al poder ya se presentan irrespetando el marco legal previsto y vigente.
Si nuestros derechos a elegir se sienten sobrepasados muchos otros más podrán ser violentados posteriormente. La política está regulada por el derecho público; tiene rango constitucional, el proceso electoral es parte de la misma se le dedica nada menos que un código entero; leyes especiales como en su estudio en este editorial y la de control al financiamiento político, entre otras. Pero aun así los actores políticos nacionales - de todos los sectores- se resisten a su cumplimento, presentando esta prepotencia y avasallamiento a las normas como un rasgo de fuerza y astucia política, cuando lo que dejan al descubierto es ser más de lo mismo.
La falta de un sistema judicial con la fortaleza e independencia requerida para estos casos, alienta a las aventuras y transgresiones a las leyes de nuestro país, no se puede esperar grandes cambios al sistema político con los mismos actores y sus remanidas - cuando no- viciadas prácticas. Pretender presentar una nueva opción política debió ser algo más que un castillo de naipes que con facilidad podría derrumbarse llevándose años perdidos, esfuerzos, recursos y muchas ilusiones de la ciudadanía.