EditorialAnálisis
El sistema tributario paraguayo se sustenta en principios constitucionales y de orden jurídico positivo como la legalidad, la igualdad, la capacidad contributiva, la prohibición de la confiscatoriedad y la seguridad jurídica. Sin embargo, el debate instalado en el Congreso Nacional —sin participación de los responsables de la cartera económica y tributaria— sobre ampliar las facultades recaudatorias y coercitivas de los municipios vulnera el principio de país unitario y el sistema político establecido en la Constitución Nacional.
Es cierto que la propia Constitución contempla la descentralización —entendida como la transferencia de facultades para responder a problemas en el ámbito donde se originan—, pero de allí a estudiar un proyecto de ley que afecta directamente la presión tributaria y las sanciones sobre los contribuyentes, sin un plan de reformas presentado a la ciudadanía y sin intervención, iniciativa u opinión de las instituciones nacionales competentes, es equivalente a otorgar un cheque en blanco a administraciones municipales en un contexto de crisis y desconfianza, alimentado por la falta de transparencia en la rendición de cuentas y la baja calidad de gestión comunal.
La sobreactuación de algunas administraciones municipales no es un fenómeno reciente. Data de la incorporación —por ley y por iniciativa parlamentaria— de la figura de la reelección, cuando dicha institución no está contemplada en la Carta Magna; siguió con la distribución de las regalías de Itaipú a determinados municipios; y ahora se expresa en el intento de superponerse a las autoridades tributarias con facultades que podrían inmovilizar proyectos y gestiones de personas físicas y jurídicas en sus respectivas localidades.
La Constitución Nacional establece en sus artículos 179 y 181 que los tributos solo pueden ser creados por ley y deben fijar con claridad la materia imponible, los sujetos obligados y los límites del gravamen. Esto busca evitar arbitrariedades, garantizar igualdad entre contribuyentes y prevenir cargas excesivas o confiscatorias. Sin embargo, la propuesta legislativa presentada otorgaría a los municipios facultades discrecionales para imponer tasas, multas y recargos, además de la posibilidad de impedir la continuidad de trámites jurídicos o administrativos hasta contar con la conformidad municipal. Todo esto ocurriría pese a la mínima fiscalización y débil rendición de cuentas por parte de las administraciones comunales ante los organismos de control nacionales.
¿Quién debe liderar una reforma tributaria? En toda república, la iniciativa corresponde al Gobierno Nacional —a través del Ministerio de Hacienda y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios—, siguiendo criterios técnicos y coherentes con el sistema político e impositivo del país. Sin embargo, en esta iniciativa de reforma, el impulso proviene de actores políticos municipales y departamentales, a menos de un año de un proceso electoral. Es un desplazamiento de responsabilidades peligrosísimo: en lugar de ajustar el sistema tributario vigente —con lagunas como la ausencia de un código tributario—, se transfiere poder impositivo a actores con mínima capacidad técnica y bajos niveles de control.
Esta deriva acerca al país a un punto de quiebre institucional. No estamos discutiendo una ley más, sino un cambio en el modelo político-administrativo establecido por la propia Constitución. Paraguay es un Estado unitario y descentralizado, pero ese mandato nunca fue acompañado de reglamentos claros sobre cómo implementar la descentralización, cómo distribuir responsabilidades y cómo garantizar eficiencia en los tres niveles de gobierno. Sin ese orden, profundizar autonomías solo abre la puerta a un mayor desorden institucional.
A esto se suma una realidad innegable: la Contraloría General de la República acumula sumarios, sanciones, rechazos y denuncias por falta o incumplimiento de rendición de cuentas en numerosos municipios. De los 263 municipios del país, un número significativo delega o terceriza gestiones propias, como la recaudación del impuesto inmobiliario, lo que evidencia precariedad administrativa. ¿Cómo podría un municipio incapaz de gestionar su catastro, su recaudación, su planificación territorial o la gestión de residuos sólidos asumir nuevas funciones tributarias sin generar caos y corrupción?
¿Seguiremos profundizando la anarquía institucional o detendremos este derrotero para ordenar el sistema primero y descentralizar después? Muchos municipios no rinden cuentas adecuadamente, no presentan planes de ordenamiento ni desarrollo urbano, no cuentan con sistemas de recolección y disposición final de residuos, entre otros servicios básicos aún ausentes.
El municipalismo paraguayo atraviesa una crisis legal, estructural y operativa que lleva años sin resolverse. Mientras los intendentes reclaman más poder, los servicios locales colapsan, las ciudades crecen sin planificación y la gestión se vuelve cada vez más reactiva y menos estratégica. En este contexto, ampliar potestades impositivas no fortalece a los municipios: simplemente traslada al ciudadano la factura del desorden institucional.
Basta observar modelos ordenados y eficaces como el de Uruguay —país unitario y descentralizado— para entender que descentralización no es sinónimo de fragmentación ni de creación de feudos políticos. Con solo 17 intendencias departamentales, gestionan sus comunas con orden administrativo, planifican el crecimiento urbano y preservan el patrimonio cultural y la identidad local. Este modelo demuestra que una estructura acotada, profesionalizada y con reglas claras genera mejores resultados que una dispersión masiva de municipios sin capacidad operativa y con superposiciones institucionales.
Paraguay enfrenta la disyuntiva de siempre: fortalecer la institucionalidad o profundizar el desorden en beneficio de sectores políticos. Una reforma tributaria formal debe partir de criterios técnicos, ser liderada por la autoridad fiscal nacional, brindar garantías a los contribuyentes y modernizar la distribución de competencias. Hacer lo contrario —ceder poder impositivo a estructuras frágiles, sin controles y sin ordenamientos previos— nos aleja del modelo de Estado eficiente que la Constitución establece y nos acerca a un mosaico de "gobiernos locales" sin previsiones ni responsabilidad.
El país necesita recuperar el orden en la gestión pública antes de otorgar nuevos poderes. Avanzar hacia un modelo superpuesto, descoordinado y sin regulaciones claras solo ampliará vacíos institucionales, conflictos interinstitucionales y deteriorará aún más la relación entre el ciudadano y sus instituciones.
El Poder Legislativo deberá decidir próximamente si legisla para fortalecer al Estado paraguayo o si subordina los grandes intereses nacionales a los de sectores políticos locales.
