EditorialAnálisis
El nuevo ajuste en los precios de los combustibles —el tercero en lo que va del año— vuelve a exponer una tensión estructural que Paraguay aún no ha resuelto: la convivencia entre un mercado liberado y una ciudadanía que absorbe los impactos de esa dinámica. Más que un episodio coyuntural, la suba recurrente de los carburantes revela un modelo que traslada la volatilidad externa directamente al consumidor interno, con escaso margen de intervención pública.
El punto de inflexión de este esquema fue el Decreto N.º 8982/2018, firmado en los últimos meses de la gestión presidencial de Horacio Cartes. Esta normativa eliminó los últimos precios regulados —el gasoil común y la nafta de 93 octanos— y consolidó un sistema de libre competencia en el mercado de combustibles, un recurso estratégico que regula los costos básicos de la economía. Desde entonces, el Gobierno dejó de tener la potestad de fijar precios de referencia para el sector privado, limitando su rol regulador a una participación indirecta como intermediario, a través de la empresa estatal Petropar.
Ese cambio no fue menor: modificó las reglas de juego. En términos técnicos, implicó que el precio de los combustibles en Paraguay pasara a depender principalmente de variables externas, como la cotización internacional del petróleo, el tipo de cambio, los costos logísticos y los márgenes comerciales. En teoría, la libre competencia debía generar eficiencia y precios más competitivos; en la práctica, el mercado quedó altamente concentrado en pocos importadores y con escasa transparencia en la fijación de precios.
Petropar, que históricamente funcionaba como un actor de equilibrio, también vio debilitada su capacidad de incidencia, y mucho más la de regulación. Convertida en un competidor más dentro del mercado, su margen de gestión es limitado: puede ajustar precios —incluso a costa de resultados deficitarios—, pero no imponer condiciones a los demás operadores del sector. La consecuencia es un mercado en el que los importadores privados terminan marcando el ritmo y definiendo los precios finales para el consumidor.
Las críticas a este modelo no son nuevas, pero adquieren mayor fuerza ante la recurrencia de los ajustes. En lo que va de 2026, las subas acumuladas ya superan el 7% en apenas tres meses, según estimaciones de analistas, erosionando el poder adquisitivo. El impacto es inmediato: el combustible no es un bien aislado, sino un insumo transversal que incide en el transporte, la logística y la producción, y que termina reflejándose en el precio de los alimentos y en la calidad de vida de la población.
Economistas advierten que estos incrementos tienen un efecto multiplicador en la economía. El encarecimiento del gasoil, en particular, presiona al alza toda la cadena de producción y distribución, desde el productor hasta el consumidor final. En un país que no es productor de hidrocarburos y donde gran parte de la canasta básica depende del transporte terrestre, cada reajuste del combustible se traduce directamente en inflación y aumento de costos.
El esquema actual combina liberalización de precios con ausencia de mecanismos de amortiguación. Las subas impactan de manera directa en el bolsillo del consumidor. A diferencia de otros países que cuentan con políticas energéticas más robustas —como fondos de estabilización, reservas estratégicas o diversificación de fuentes—, Paraguay carece de herramientas estructurales para mitigar estos impactos en contextos de alta volatilidad. Las medidas adoptadas en los últimos años han sido, en general, temporales y reactivas, sin alterar la lógica de fondo.
¿Es sostenible un mercado completamente liberado en un insumo tan sensible y estratégico para la economía? La respuesta no necesariamente implica volver a un control rígido de precios, pero sí exige repensar el rol del Estado como regulador. Mayor transparencia en la estructura de costos, fortalecimiento de la competencia —y no de posiciones oligopólicas—, revisión del rol de Petropar, diseño de mecanismos de estabilización y reservas estratégicas, así como una política energética integral, son elementos que deben formar parte de un debate nacional urgente.
Cuando los ajustes de precios se vuelven reiterados y se perciben como inevitables, se instala la sensación de que el consumidor queda expuesto, sin defensa ni voz, frente a decisiones empresariales que no siempre resultan claras ni socialmente sensibles.
Paraguay enfrenta así una disyuntiva que trasciende el precio del combustible. Se trata de definir si el país seguirá operando bajo un esquema en el que la lógica de mercado actúa sin contrapesos sobre un insumo clave del desarrollo, o si avanzará hacia un modelo más equilibrado, que combine eficiencia económica con responsabilidad pública en la gestión de recursos estratégicos.
Porque cuando el precio del combustible se convierte en una variable incontrolable, el costo deja de ser solo económico: impacta en el modelo de desarrollo, en la equidad social y en la calidad de vida de los ciudadanos. En definitiva, se convierte en el precio de todos los precios.
