En 2017, Ciudad del Este se convirtió en un campo de batalla cuando medio centenar de individuos vinculados a grupos criminales toman por asalto sus calles , saqueando una bóveda de una empresa de caudales, ante la impotencia e indefensión de la misma Policía Nacional. En 2022, el fiscal Marcelo Pecci fue alcanzado por la acción de la delincuencia transnacional a 5.000 kilómetros de distancia de su tierra natal, entre otros casos que han conmocionado e impactado a la ciudadanía. Lo ocurrido con el teniente coronel Guillermo Moral es solo el caso más reciente, pero, lamentablemente, no será el último.
El gobierno y sus instituciones —desactualizadas— no percibieron las señales que anticipaban primero, y consolidaban después, la llegada de las asociaciones criminales transnacionales al país. Estas organizaciones no son simples bandas delictivas ; cuentan con estructuras jerárquicas , recursos humanos -entrenados -, medios económicos, beneficiándose de un mundo global , técnico y altamente competitivo, mientras la respuesta pública permanece adormecida, con una agenda que parece anclada en épocas coloniales.
Estamos inmersos en un tiempo de desarrollo tecnológico sin precedentes, accesible a quienes puedan costearlo. Hoy más que nunca, es necesario anticipar escenarios, con capacidad de respuesta, prevención e inhibición cuando no destrucción de las amenazas; frente a cualquier iniciativa de socavar la soberanía de las instituciones en territorio nacional.
Para enfrentar esta situación -para la que no estamos suficientemente preparados -, debemos iniciar ordenando la casa . La muerte del teniente coronel Guillermo Moral el 2 de octubre por sicarios anónimos hasta el momento ,pone de relieve esta realidad.
La prisión militar de Viñas Cué, destinada originalmente a miembros de las Fuerzas Armadas, ha sido utilizada para recluir a civiles, incluidos delincuentes de alto perfil, generando cuestionamientos sobre la legalidad, seguridad y equidad en el sistema penitenciario paraguayo. Históricamente, Viñas Cué estaba reservada para militares y personas vinculadas a la institución castrense, pero en los últimos años ha albergado a civiles, entre ellos políticos y miembros de organizaciones criminales de alto perfil, lo que ha generado controversia sobre su propósito.
La Ley Nº 210/70, conocida como Ley Penitenciaria, establece que los establecimientos penales deben recibir a las personas detenidas por autoridad competente y bajo jurisdicción judicial. Sin embargo, no especifica que el centro penitenciario militar de Viñas Cué sea idóneo para la reclusión de internos de alta peligrosidad y perfil.
La custodia de los internos en Viñas Cué está a cargo del personal militar, no de agentes penitenciarios especializados, situación que aumenta las dudas sobre la eficacia en la gestión. La reclusión de civiles en una instalación destinada a militares es una equivocación y un despropósito .
Un hecho que conmocionó al país fue el asesinato de del oficial Moral, quien se negó a aceptar un soborno, para introducir un teléfono celular en el penal, el resto de esta lamentable historia es de conocimiento publico.
El Tte. Coronel Moral fue asesinado por mantener su honor y ética como militar y recibió la peor alternativa. La responsabilidad final no solo recae en los criminales, sino en un sistema e instituciones públicas mal organizadas. Esto invita a reflexionar: ¿cuánto tiempo más mantendremos a individuos tan peligrosos en instalaciones inadecuadas- para la finalidad de apartarlos de la vida social y devolver la seguridad a la población ? La gravedad de sus actos, los medios, y estructuras del crimen organizado excede por mucho las capacidades de nuestros modelos de gestión penitenciarios, obsoletos y menos aun cuando se improvisa como es el caso de referencia.
Este problema refleja el fracaso del sistema judicial y del mismo Ministerio de Justicia entidad responsable. La Ley Nº 210/71 indica que los establecimientos deben recibir a las personas bajo jurisdicción judicial, pero el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial delegan indebidamente esta responsabilidad en una institución militar, que carece de idoneidad para cumplir dicho objetivo.
La paradoja es evidente: al admitir que el sistema penitenciario civil no sirve, se recurre a un sistema aún menos preparado. Esto no resuelve el problema, sino que lo agrava. Además, plantea preguntas fundamentales: ¿qué hace un militar de alta graduación, un oficial de estado mayor, como guardia cárcel ? ¿Por qué utilizamos una cárcel militar, destinada a delitos militares, para individuos con un perfil criminal de alto riesgo?
Los militares deben defender la integridad territorial, no asumir funciones del sistema penitenciario. Utilizar a las Fuerzas Armadas para tareas para las cuales no están entrenadas desdibuja su identidad y misión constitucional.
Las prisiones militares existen por razones específicas: regulan conductas propias del ámbito militar que poco tienen que ver con la vida civil. Recluir en dichos recintos a miembros de organizaciones criminales es irresponsable; ademas de generar ambiente propicio a la construcción de un puente entre el crimen organizado y las mismas Fuerzas Armadas de la Nación nada menos . La corrupción existente en el país hace que este riesgo sea aún más probable.
La responsabilidad debe atribuirse a quienes corresponda , el sistema judicial, los jueces de ejecución de sentencias y el Ministerio de Justicia, están transfiriendo responsabilidades -indelegables- a instituciones sin idoneidad y preparación . Lamentablemente con este escenario se posibilita el crecimiento del nuevo adn del delito , el crimen organizado .
