Paraguay al borde del parate vial por falta de pagos
Tras meses de presión y advertencias del sector privado, el Ministerio de Economía y el MOPC acordaron un plan escalonado para pagar más de 300 millones de dólares a empresas vialeras. Paraguay sigue con un déficit histórico en infraestructura y, a mitad del mandato de Santiago Peña, aún no ha entregado una sola obra vial propia.
Prioridad impostergable: saldar la deuda con las constructoras
El Gobierno finalmente reconoció que las empresas constructoras, especialmente las dedicadas a la infraestructura vial, enfrentan una situación límite por la falta de pagos. La Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (CAPACO) había advertido desde hace semanas que el Estado adeuda 211 millones de dólares por obras ejecutadas, además de 110 millones en intereses acumulados. En total, la deuda ronda los 300 millones de dólares, monto que mantiene al sector en una crisis sin precedentes.
La tensión llegó a su punto más alto luego de las declaraciones del ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, quien había desestimado la urgencia del reclamo al afirmar que "no sabía cuál era la obsesión de que se les pague antes de que cierre el mes de octubre". Las palabras generaron indignación entre los empresarios, que calificaron el comentario como una burla hacia un rubro que sostiene miles de empleos y mantiene en marcha las obras públicas del país.
Acuerdo con las vialeras y pago escalonado
Tras la polémica, el ministro Fernández Valdovinos —acompañado por la titular de Obras Públicas, Claudia Centurión— anunció un principio de acuerdo con las empresas vialeras para saldar las deudas pendientes. Según detalló, los compromisos serán cubiertos de manera escalonada entre los presupuestos generales de la Nación de 2026 y 2027, con el objetivo de regularizar los pagos de forma gradual y retroactiva.
El ministro compareció ante la Comisión de Obras del Senado, donde fue consultado sobre la situación financiera del Estado y los pasivos acumulados con contratistas. En su intervención, reconoció que "las deudas verificadas y que cumplen con todos los requisitos legales deben pagarse, eso no está en discusión". Aclaró, sin embargo, que los intereses reclamados por las empresas —equivalentes a 110 millones de dólares— serán revisados antes de proceder a su eventual reconocimiento.
Fernández Valdovinos insistió en que el Gobierno no pretende postergar indefinidamente los pagos, sino estructurar un mecanismo que permita cumplir con todas las empresas en el menor tiempo posible, sin comprometer el equilibrio fiscal. "Hay flexibilidad para distribuir los pagos y queremos hacerlo en el menor tiempo posible", aseguró.
Un país con déficit histórico en infraestructura vial
El anuncio del acuerdo llega en un contexto donde Paraguay exhibe un déficit estructural en materia de obras viales. A dos años y medio del inicio de la actual administración, el Gobierno no ha entregado una sola obra vial propia, y los proyectos en ejecución se arrastran con demoras por falta de desembolsos.
El propio Fernández Valdovinos reconoció que durante el ejercicio fiscal 2025 se priorizaron gastos en defensa y seguridad, lo que redujo temporalmente el margen de inversión en infraestructura. Sin embargo, aseguró que los fondos asignados a obras públicas no fueron desviados a otros fines, sino reprogramados dentro del mismo esquema de control presupuestario.
Mientras tanto, las empresas contratistas advirtieron que, si el Estado no cumple con los pagos acordados, la continuidad de obras en todo el país corre serio riesgo. En departamentos como San Pedro, Concepción, Itapúa o Alto Paraná, varios proyectos de pavimentación y mantenimiento ya se encuentran paralizados por falta de liquidez.
Consecuencias económicas y sociales
La crisis del sector constructor no solo afecta a las grandes empresas del rubro, sino también a las pequeñas y medianas firmas que dependen de la cadena de pagos. La falta de liquidez ha obligado a varias de ellas a vender maquinarias y bienes de capital, a retrasar salarios y a negociar con bancos para evitar la quiebra.
El impacto se extiende más allá del sector: la paralización de obras compromete el empleo formal en el interior del país y retrasa la ejecución de proyectos claves para la conectividad nacional. Expertos advierten que, de no concretarse los pagos, el daño podría ser irreversible para decenas de contratistas locales.
Un compromiso bajo presión
El acuerdo anunciado por el Ministerio de Economía representa un paso hacia la estabilización, pero también un reconocimiento de la fragilidad fiscal del Estado. La promesa de saldar la deuda en dos años genera expectativas, aunque el sector exige fechas concretas y cumplimiento efectivo.
El desafío es grande: el Gobierno necesita recuperar credibilidad ante un rubro que sostiene buena parte de la inversión pública. Con un país que todavía arrastra carreteras inconclusas y proyectos detenidos, la prioridad es clara: pagar lo que se debe para volver a construir lo que Paraguay aún no tiene.