PolíticaComunicado
El sector de la construcción atraviesa uno de sus momentos más delicados en años. La Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (CAPACO) advirtió que el Estado mantiene pendientes de pago cerca de US$ 211 millones por obras ya concluidas, además de unos US$ 110 millones en concepto de intereses acumulados, generando una asfixia financiera que ya empuja a varias empresas al borde del colapso.
El conflicto se encendió tras declaraciones del ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, quien cuestionó los reclamos del gremio con una frase que generó indignación: "No sé cuál es la obsesión de que se les pague antes de que cierre el mes de octubre". La respuesta de CAPACO no tardó: calificaron la postura del ministro como una falta de respeto hacia un sector que sostiene miles de puestos de trabajo y aporta significativamente al desarrollo nacional.
La organización denunció que la situación actual responde a una cadena de atrasos en los pagos del Estado, que se ha vuelto insostenible para muchas constructoras medianas y pequeñas. Señalaron que, mientras el Gobierno presume del grado de inversión internacional, puertas adentro no cumple los compromisos con las firmas paraguayas que ejecutan proyectos de infraestructura en todo el país.
Según el comunicado emitido por CAPACO, la falta de liquidez causada por los impagos ha llevado a numerosas empresas a vender maquinarias y activos para sobrevivir. Advirtieron que las deudas no solo afectan a las constructoras, sino también a sus empleados, proveedores y entidades financieras, generando un efecto dominó que ya golpea la economía nacional.
Desde el Ministerio de Economía y Finanzas, Fernández Valdovinos intentó justificar los retrasos señalando que se implementó un nuevo esquema de pagos. Explicó que anteriormente los desembolsos se concentraban en pocos meses del año, y que ahora se procura distribuirlos de manera "más equilibrada", efectuando los pagos a comienzos del mes siguiente. Sin embargo, esa explicación no calmó los ánimos dentro del gremio, que acusa al Gobierno de falta de previsibilidad y de incumplimiento contractual.
La crisis escaló más allá de las fronteras. La Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC) emitió un pronunciamiento desde México instando al Estado paraguayo a saldar sus compromisos y garantizar la continuidad de las obras públicas. El respaldo internacional al reclamo de CAPACO refleja la magnitud del problema y su impacto regional.
En algunos casos, las constructoras aseguran tener cuentas pendientes de cobro desde hace más de un año, mientras los proyectos se retrasan por la falta de flujo financiero. Si la situación persiste, advierten que podría haber paralización de obras, pérdida de empleos y aumento de costos en los contratos vigentes.
Más allá de las cifras, el reclamo pone sobre la mesa un punto sensible: la credibilidad del Estado como contratante. Los atrasos prolongados no solo debilitan a las empresas locales, sino que también erosionan la confianza en el cumplimiento de las reglas del juego, elemento clave para mantener la seguridad jurídica y atraer nuevas inversiones.
En este contexto, el sector espera una reacción inmediata del Ministerio de Economía. Los empresarios sostienen que no se trata de una "obsesión" por cobrar, sino de la supervivencia de un rubro que genera empleo, paga impuestos y sostiene buena parte de la infraestructura nacional. Cada día de demora, insisten, agrava una situación que ya se percibe crítica y que amenaza con dejar profundas secuelas en la economía del país.
