Fitch: reforma fiscal no alcanza para el tercer grado de inversión

Aunque el Gobierno exhibe la reforma previsional como una señal de responsabilidad fiscal en medio del festejo por las mejoras de calificación con Moody's y S&P, Fitch fue tajante al advertir que el cambio aprobado solo aporta un beneficio limitado a las finanzas públicas, no resuelve el agujero estructural de la Caja Fiscal y, por sí solo, no alcanza para empujar a Paraguay al grado de inversión que todavía le niega esa agencia.

El mensaje de Fitch derrumba la narrativa triunfalista con la que el oficialismo intentó presentar la reforma previsional promulgada en marzo. Lo que dice la calificadora no es menor: la modificación del sistema jubilatorio del sector público ofrece un alivio acotado, y probablemente serán necesarias nuevas reformas para contener y reducir el déficit. No habla de solución, no habla de saneamiento, no habla de cambio estructural de fondo. Habla, en el mejor de los casos, de una mejora parcial en un sistema que sigue enfermo.

Fitch enumera las principales medidas incorporadas en la ley: apoyo estatal explícito del 10% para cada aportante, aumento del aporte de los trabajadores del 16% al 19% en sectores deficitarios, edad mínima de jubilación de 53 años para docentes y magistrados, de 55 años para policías y militares, y un mínimo de 25 años de servicio para acceder a la jubilación. Sin embargo, el corazón del problema sigue intacto: el mayor alivio inmediato proviene del incremento de 3 puntos en los aportes del trabajador, mientras que el aporte estatal del 10% no representa una mejora real de caja dentro de las cuentas consolidadas, porque en los hechos formaliza transferencias que el Estado ya venía haciendo para cubrir el déficit. En otras palabras, una parte central de la "reforma" no genera un ahorro nuevo, sino que blanquea una asistencia que ya existía.

Ese punto es devastador para el discurso político. Porque si el supuesto esfuerzo reformista no produce un cambio sustancial sobre el balance fiscal, entonces la ley termina siendo menos una cirugía de fondo que un parche con ribetes de ordenamiento contable. Fitch no dice que la reforma sea inútil, pero sí deja claro que su impacto está lejos de ser el que el Gobierno necesita para despejar dudas sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas.

El déficit no desaparece: apenas se desacelera

El informe también aporta una dimensión concreta del problema. La Caja Fiscal cerró el año pasado con un déficit de USD 380 millones, equivalente al 0,8% del PIB. Con la reforma, las proyecciones oficiales muestran que ese rojo se estabilizaría en 1,2% del PIB desde 2032, frente a un escenario sin cambios en el que habría trepado a 1,6%. Pero hasta esa mejora, advierte Fitch, podría estar sobreestimada si captura mayormente el aporte estatal, lo que implica un beneficio más pequeño para el balance del Gobierno central.

Ahí aparece otro dato político incómodo: incluso bajo el escenario reformado, la Caja Fiscal seguiría drenando recursos enormes durante años. No se trata entonces de un sistema rescatado, sino de un sistema cuyo deterioro podría volverse algo menos acelerado. La diferencia es enorme. El relato oficial intenta instalar la idea de una corrección decisiva; Fitch describe una contención parcial. Y para una agencia que todavía no le concedió el grado de inversión al país, esa diferencia pesa.

El Congreso vació la propuesta original y expuso el límite político del reformismo

Uno de los puntos más filosos del análisis de Fitch es el que apunta al proceso político que llevó a la versión final de la ley. La calificadora subraya que la reforma fue aprobada en una versión significativamente aguada respecto del proyecto original del Ejecutivo, que contemplaba una edad mínima de jubilación de 57 años y una contribución estatal menor, del 3%. Esa poda fue resultado de la presión parlamentaria y de las protestas públicas.

Traducido al lenguaje político local, la señal es demoledora: cuando el Gobierno quiso empujar una reforma más dura, no pudo sostenerla. Y cuando llegó la hora de cerrar la discusión, terminó cediendo frente a corporaciones, resistencias sectoriales y costos políticos. Fitch lo resume como un "desafío institucional" para reformar plenamente la Caja Fiscal. Pero detrás de esa fórmula diplomática lo que aparece es algo más crudo: el poder político no tuvo la fuerza ni la decisión para avanzar hasta donde decía que debía avanzar.

Fitch pone el dedo en la llaga fiscal

El informe no se queda solo en la Caja Fiscal. La reforma previsional aparece enmarcada dentro de un cuadro fiscal mucho más áspero, y ahí es donde el documento se vuelve todavía más preocupante. Fitch advierte sobre atrasos con proveedores por hasta USD 1.300 millones, equivalentes al 2,7% del PIB, particularmente con empresas farmacéuticas y constructoras. Ese pasivo acumulado vuelve menos claro cuán sostenibles fueron los recortes aplicados en el gasto y abre la posibilidad de una mayor presión sobre el déficit de 2026, ya sea si esas obligaciones se pagan de una vez o si se canalizan mediante factoring u otros mecanismos.

Este es uno de los tramos más sensibles del análisis porque deja al descubierto una verdad incómoda: una cosa es mostrar una meta fiscal en el papel y otra muy distinta es alcanzarla sin patear compromisos hacia adelante. Si parte del ajuste se sostiene acumulando deudas con proveedores, el resultado fiscal luce mejor de lo que realmente es. Y si esas cuentas después aparecen, la supuesta consolidación puede desarmarse de golpe. Fitch no acusa maquillaje explícitamente, pero sí sugiere que la foto fiscal no puede analizarse sin mirar la factura escondida bajo la alfombra.

Menos ingresos, más rigidez y dudas tras la salida de Fernández

Fitch también advierte que en el primer trimestre de 2026 el crecimiento de los ingresos se desaceleró a 3% interanual, en parte por la fuerte apreciación del guaraní y por una caída estructural en los ingresos provenientes de las hidroeléctricas binacionales. A eso suma otro factor político nada menor: el anterior ministro de Economía había anunciado medidas de austeridad para cumplir la meta fiscal, pero dejó el cargo y su reemplazante aún no había aclarado cuáles serán esos planes.

La lectura de fondo vuelve a ser crítica. Cuando el margen fiscal se achica, la recaudación pierde impulso, el gasto previsional presiona y además hay compromisos acumulados con proveedores, la salida depende de una conducción económica firme y de una hoja de ruta creíble. Pero en ese punto el país quedó, al menos por ahora, en una zona de incertidumbre. Fitch no dramatiza el cambio de ministro, aunque deja constancia de que el mercado todavía espera definiciones. Y en momentos en que el Gobierno necesita mostrar rumbo, esa indefinición pesa.

Capital en retroceso y una consolidación cada vez más apretada

El informe agrega otro dato revelador: el gasto de capital cayó a 1,6% del PIB en 2025 desde 2,9% en 2022, convirtiéndose en una de las principales variables de ajuste. Eso significa que el Estado ha recortado inversión para sostener sus metas fiscales. El problema es que esa estrategia tiene límites evidentes. Si el ajuste se concentra en obra pública e inversión, se puede cumplir una meta en el corto plazo, pero se debilita la capacidad de sostener crecimiento, infraestructura y servicios a mediano plazo.

Ahí la contradicción oficial se vuelve más visible. Por un lado, se presenta a Paraguay como una economía ordenada, atractiva y en ascenso. Por otro, la propia lectura de Fitch muestra que parte de esa disciplina descansa en una menor inversión pública, en atrasos con proveedores y en una reforma previsional que apenas contiene el deterioro. Es decir, el ajuste existe, pero no necesariamente bajo una forma sostenible ni políticamente blindada.

La meta de déficit sigue viva, pero bajo creciente presión

Fitch mantiene, pese a todo, su previsión de que el déficit del Gobierno central baje a 1,5% del PIB en 2026, desde 2% en 2025, y permanezca en niveles similares en 2027. También estima que, si se cumple esa meta, la deuda pública se estabilizaría en torno a 31,6% del PIB en 2026, uno de los niveles más bajos entre los soberanos calificados en la categoría BB. Ese es, precisamente, uno de los argumentos que sostienen la perspectiva positiva de Paraguay en Fitch.

Pero la parte medular del informe no está en ese reconocimiento, sino en la advertencia que lo acompaña: las presiones fiscales van en aumento. Y eso modifica por completo la lectura del momento. Porque ya no se trata solo de que Paraguay tenga una macro relativamente prolija frente a sus pares; se trata de si podrá sostener esa prolijidad cuando converjan más gasto previsional, menos espacio para recortar inversión, menores ingresos y cuentas pendientes con proveedores.

Fitch no le cierra la puerta a Paraguay, pero tampoco le compra el festejo

Fitch afirma de manera expresa que la reforma de marzo difícilmente sea, por sí sola, un catalizador de mejora soberana. Es decir: esta ley no alcanza para empujar una suba de calificación. Para que eso ocurra, deberán pesar otros factores como la capacidad de asegurar un déficit bajo, la sostenibilidad del crecimiento, la dinámica de inversión y el manejo de shocks externos.

Ese párrafo responde de lleno a la pregunta política de fondo. Paraguay ya logró el grado de inversión con Moody's y con S&P, pero Fitch todavía lo mantiene un escalón abajo, en BB+ con perspectiva positiva. Y este informe explica por qué: la agencia reconoce fortalezas, pero todavía ve una estructura fiscal con fragilidades serias, una reforma previsional insuficiente y una consolidación bajo tensión.