Ecovía y el desgaste de un modelo que no mejora la infraestructura
El incremento de la tarifa del peaje en la Ecovía, que conecta Luque con San Bernardino fue aplicado en enero del año pasado, cuando el costo para vehículos livianos pasó de G. 10.000 a G. 15.000, en el marco de una política del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) orientada —según la versión oficial— a fortalecer el mantenimiento vial. Sin embargo, a más de un año de esa suba, las mejoras prometidas no se reflejan con claridad en la ruta.
Desde entonces, usuarios frecuentes denuncian que el estado del tramo sigue marcado por baches recurrentes, deficiencias en la señalización, banquinas deterioradas y falta de iluminación en sectores clave, especialmente en horarios nocturnos. La percepción general es que el aumento del peaje no se tradujo en una mejora proporcional de la infraestructura, lo que alimenta la sensación de pagar más por un servicio que no evoluciona.
Cambio de administración
El descontento volvió a escalar en las últimas semanas con el cambio de administración del peaje, tras la cesión del manejo a la empresa Rutas del Este, una decisión tomada por el MOPC que, lejos de traer soluciones inmediatas, coincidió con largas filas, demoras extremas y desorganización operativa, particularmente en días de alto flujo vehicular. Para muchos conductores, estos episodios evidencian falencias estructurales en la planificación y en los mecanismos de control del Estado.
Uno de los puntos más cuestionados es la ausencia de alternativas eficaces para agilizar el cobro, en un corredor que se vuelve crítico durante fines de semana, feriados y temporadas altas. La eliminación de sistemas de pago electrónico y la falta de carriles suficientes profundizan el colapso, generando pérdidas de tiempo, combustible y un aumento del estrés vial, sin que exista una estrategia clara para mitigar el impacto.
El caso Ecovía no es aislado, sino que forma parte de un malestar más amplio con el sistema de peajes en Paraguay, donde varios tramos presentan tarifas elevadas pese a rutas en condiciones deficientes. Esta situación ha derivado en protestas ciudadanas y reclamos de transparencia, especialmente en un contexto económico en el que el costo del transporte impacta directamente en el bolsillo de trabajadores, estudiantes y pequeños comerciantes.
A más de un año del aumento, la pregunta sigue abierta: ¿qué mejoras concretas financiaron los recursos recaudados? La persistencia de reclamos sugiere que el problema no es solo el monto del peaje, sino la falta de una rendición clara y visible de resultados. Sin inversión perceptible, el peaje deja de ser una herramienta de mantenimiento vial y pasa a ser visto como un símbolo de desconexión entre el Estado, las concesionarias y los usuarios.