Cinco imputados por abuso sexual en niños, entre ellos un juez
El Ministerio Público presentó formalmente imputación en un caso que salpica a un magistrado de la República e igualmente a la madre de la víctima, en calidad de cómplice.
El Ministerio Público presentó formalmente imputación en un caso que salpica a un magistrado de la República e igualmente a la madre de la víctima, en calidad de cómplice.
Se registraron amenazas y disparos contra viviendas; un detenido en el caso de Pedro Juan Caballero.
Los datos del Programa de Datos Abiertos muestran que las víctimas tenían entre 12 y 80 años, la mayoría asesinadas en sus viviendas por parejas o exparejas. Un total de 51 hijos quedaron huérfanos.
Los procesados enfrentan cargos por lesión de confianza, apropiación, lavado de activos y asociación criminal.
Acusan al fiscal general Emiliano Rolón de convertir la institución en un "botín de poder" y comparan su gestión con la de "vikingos saqueadores".
El fiscal Luis Piñánez aseguró que la inmunidad parlamentaria no impide realizar actos de investigación en el caso de los audios filtrados que salpican a Yamy Nal y Chaqueñito. Señaló que la admisión pública de Norma Aquino sobre la veracidad de una grabación será un elemento clave.
El Ministerio Público designó al fiscal Luis Piñánez para investigar a ambos legisladores tras la difusión de grabaciones que revelan supuestos negociados.
El titular del Congreso calificó de "grave" toda situación comprobada de nepotismo. Emiliano Rolón evitó responder sobre la contratación de su sobrino en el Ministerio Público.
El Tribunal de Apelación Penal extendió el plazo a pedido del Ministerio Público ante la complejidad de la causa.
Tres personas fueron detenidas tras cinco allanamientos simultáneos en el Departamento Central. Los implicados utilizaban chips falsificados para suplantar identidades, acceder a cuentas bancarias y extorsionar a las víctimas.
La Policía Nacional realiza una serie de procedimientos para desarticular una organización criminal que duplica tarjetas SIM para controlar líneas telefónicas y acceder a cuentas personales. Hasta el momento se registran tres detenidos y un perjuicio superior a G. 500 millones. El operativo tiene diez objetivos.
La mujer recibió una pena de cuatro años de prisión por violación del deber de cuidado y frustración de la persecución penal. El agresor continúa prófugo.
La víctima, embarazada, sufrió agresiones frente a su hija menor; el imputado permanece detenido a disposición judicial.
El Juzgado de Garantías admitió la imputación y fijó para el 29 de agosto, a las 8:00 horas, la audiencia de imposición de medidas.
Los indicios refuerzan la hipótesis de aparatos de escucha, en medio de filtraciones de audios sobre la destitución de Miguel Prieto. El interventor había afirmado que se trataría de audios creados con inteligencia artificial.