La agente fiscal Ruth Karina Benítez, titular de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos y Lavado de Activos mediante Sistemas Informáticos, junto con la fiscal coadyuvante Diana Gómez y efectivos del Departamento de Investigación del Cibercrimen de la Policía Nacional, encabezaron en la mañana de este jueves una serie de allanamientos en la ciudad de Capiatá, Departamento Central.
Las intervenciones se realizaron en el marco de tres causas penales abiertas por estafa mediante sistemas informáticos, acceso indebido a sistemas informáticos, suplantación de identidad y extorsión.
Según la investigación, los detenidos utilizaban la modalidad conocida como SIM Swapping, que consiste en obtener acceso al número telefónico de la víctima al convencer a un call center de la empresa proveedora de servicios móviles de bloquear la línea por supuesto robo o extravío. Luego transferían ese número a una nueva tarjeta SIM gestionada en puntos de venta autorizados.
Con el nuevo chip en su poder, los estafadores podían recibir llamadas, mensajes de texto y códigos de verificación destinados a la víctima, lo que les permitía acceder a cuentas bancarias, redes sociales y otros servicios vinculados. De esta manera, lograban realizar transferencias fraudulentas, apropiarse de información sensible y hasta extorsionar a los afectados.
El rastreo de uno de los accesos indebidos reveló que la llamada inicial para bloquear la línea legítima de la víctima se originó desde una penitenciaría regional, donde operaba parte de la estructura criminal. Posteriormente, otros miembros confeccionaban documentos de identidad adulterados, en los que insertaban sus rostros sobre las imágenes originales, manteniendo los datos reales de las víctimas para gestionar el reemplazo de los chips.
Durante los procedimientos fue detenido Marcos Gabriel Rolón Riquelme, quien gestionó personalmente reactivaciones de líneas con documentos falsificados, siendo captado por cámaras de seguridad y sistemas de validación de identidad. También se individualizó a su hermano, Francisco Daniel Rolón Riquelme, exfuncionario de la empresa Tigo, lo que le habría otorgado conocimiento sobre protocolos internos y facilitado las activaciones fraudulentas.
Asimismo, fue señalado Francisco Gabriel Rolón Lombardo, padre de ambos, como titular de un teléfono celular Samsung Galaxy A10 utilizado reiteradamente para insertar los chips fraudulentos, constituyéndose en pieza tecnológica clave para la explotación de las líneas sustraídas.
De acuerdo con los datos preliminares, el perjuicio ocasionado por esta red delictiva asciende a más de G. 500 millones.