Petropar ocupó el primer lugar con adjudicaciones por G. 714.440 millones (aproximadamente USD 117,1 millones). Los recursos estuvieron destinados principalmente a la adquisición de combustibles, aditivos y lubricantes para asegurar el abastecimiento.
El público general tendrá la posibilidad de observar las audiencias públicas organizadas por la DNCP a través de la plataforma YouTube.
La investigación administrativa sobre el acuerdo de provisión de gasoil con la petrolera estatal avanzó contra representantes y accionistas de la firma extranjera. El dictamen concluyó que no existen evidencias de intervención directa del hijo del presidente de la Conmebol en el proceso licitatorio ni en la ejecución contractual.
La previsional reconoció el desabastecimiento de insumos esenciales para recién nacidos internados y atribuyó la situación a demoras en procesos de licitación. Señalan que recurrieron al Ministerio de Salud para sostener temporalmente el servicio.
La medida se tomó tras una denuncia que señala posibles irregularidades y un presunto sobrecosto de más de G. 7.000 millones en el proceso. La suspensión estará vigente mientras avance la investigación.
El director de Contrataciones Públicas, Agustín Encina, advirtió que una modificación en los requisitos podría limitar la competencia y beneficiar a un reducido grupo de empresas. El proceso quedó bajo responsabilidad del Tribunal Electoral.
En el llamado no detalla cuál será el evento que demandará tanta inversión, pero la apertura de oferta se realizará este mes.
Aseguró que seguirá adelante con el cambio total de los ascensores del Congreso, pese a las críticas por el millonario contrato otorgado a una empresa cuestionada.
Dos empresas fueron las beneficiadas para prestar el seguro médico y odontológico. Las adjudicaciones no detallan la cantidad de beneficiarios en el ente a cargo de hombre fuerte del cartismo, Pedro Alliana.
El extranjero con interminables denuncias ofrece como fianza un inmueble de Ñemby valuado en más de G. 1.000 millones para luego volver a estafar
La Cámara Baja compró 44 fotocopiadoras a G. 15 millones cada una. Llama la atención la cantidad adquirida, mientras, en el interior del país piden a gritos mejoras de infraestructura en educación.
El Ministerio de Justicia lanzó un nuevo llamado a licitación para la provisión de insumos que serán destinados a personas privadas de su libertad, donde se va a utilizar una jugosa suma. Firmas mimadas del Gobierno estarían detrás del proceso.
En el anterior llamado por el mismo servicio, se pagó unos G. 3.000 millones. Ahora prevén gastar casi G. 12.000 millones.
RCV Empresa Constructora, de Ricardo Andrés León Villamayor, es una de las desarrolladoras habilitadas en el programa estrella del Estado.
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