PolíticaContrataciones bajo la lupa
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) ordenó la suspensión de la licitación ID 474335 del Instituto de Previsión Social (IPS), correspondiente a la "Contratación de Servicio de Digitalización Certificada de Documentos", cuyo monto asciende a G. 17.000 millones.
La decisión fue adoptada luego de la apertura de una investigación iniciada el 28 de octubre, a partir de la denuncia Nº 3430/25.
En el documento remitido al IPS, con notificación fechada el 17 de noviembre, la DNCP señala que "de los hechos denunciados se desprenden indicios de irregularidades en el procedimiento de contratación en cuestión que, de no subsanarse, causarán un daño al Estado". Con esto, el llamado quedó oficialmente suspendido mientras avanzan las verificaciones.
El proceso de contratación debía recibir ofertas el pasado 19 de noviembre. Se trata de una de las 28 licitaciones activadas durante noviembre por la administración del presidente del IPS, Jorge Brítez, de las cuales 15 permanecen en etapa de convocatoria, sumando un valor total de G. 1,17 billones. Varias de ellas también registran protestas y observaciones.
La denuncia ciudadana que motivó la investigación sostiene que el IPS estaría "dando el toque de gracia" a los recursos de los asegurados al intentar adquirir un sistema sin código fuente y con un precio "récord histórico de sobrefacturación".
Según el escrito, el presunto sobrecosto superaría los G. 7.000 millones, algo considerado inédito para este tipo de servicios en el historial de contrataciones del país.
El texto agrega que el servicio sería "innecesario e inadmisible", y que su concreción "profundizaría el daño patrimonial" al seguro social. Estas advertencias llevaron a la DNCP a abrir formalmente la investigación el 29 de octubre.
De forma paralela, varias empresas interesadas presentaron consultas solicitando una revisión del precio referencial fijado por el IPS.
Recordaron que la Autoridad Certificadora Raíz del Paraguay (AC Raíz MIC) mantiene un listado oficial de prestadores habilitados para este tipo de servicios, pero, según las consultas ingresadas al sistema, estas firmas no fueron tomadas en cuenta para la elaboración del precio.
