La asistencia anunciada por el bloque europeo prepara vuelos humanitarios y el despliegue de reservas de ayuda europeas, a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE.
La Administración de Donald Trump ha anunciado en los últimos días varias medidas para ayudar a los países afectados, entre los que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha incluido ahora a la isla.
Un total de 165 países han votado a favor de la resolución, remarcando el impacto que tiene la medida contra la población civil que vive en la isla caribeña. La Habana ha perdido el respaldo de más de dos decenas de países respecto del año pasado.
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha confirmado que la isla ha vivido "una madrugada muy compleja" por el azote del timón', que ha provocado "daños cuantiosos" especialmente en la zona oriental del país, donde han sido evacuadas unas 735.000 personas.
El vicecanciller Carlos Fernández de Cossío afirmó que el régimen solo ofrecerá respaldo político a Caracas y calificó de "muy preocupante" la retórica de Donald Trump en la ONU, advirtiendo que una ofensiva pondría en riesgo a toda América Latina.
Todos los encuestados dijeron que fueron objeto de amenazas, violencia física y represalias en la producción de carbón, tabacos y caña de azúcar para su exportación a Europa.
Un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos reveló que la mayoría de los hogares en la isla sufre precariedad, con altos niveles de insatisfacción y dificultades para acceder a alimentos, medicinas y servicios básicos
La Unión Eléctrica informó que se disparó una línea de 220 kilovatios en el este de la isla, "provocando la desconexión del sistema".
Rolando Cartaya, director de la Fundación para los DDHH en Cuba y redactor del informe, hizo hincapié en los largos apagones en la isla, que provocaron el descontento ciudadano.
Un grave incidente marcó la semifinal del certamen "Miss Universe Latina" cuando Laura Pérez, representante de Cuba, cayó de un arnés durante un desafío en altura.
Más de medio millón de personas quedan en riesgo de deportación tras la decisión judicial que autoriza la cancelación del programa de residencia y trabajo temporal
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