La Contraloría General de la República (CGR) informó que no detectó irregularidades en las cinco licitaciones impulsadas por el Congreso Nacional que serán financiadas con una donación de USD 8 millones proveniente del Gobierno de Taiwán.
El exintendente declaró un incremento de G. 600 millones en su patrimonio tras su salida del cargo. La revisión forma parte de los procesos abiertos por la CGR en municipios intervenidos.
La revisión financiera abarca las gestiones de la exdefensora Lorena Segovia y del actual titular Javier Esquivel; se solicitan balances, inventarios, contratos y nóminas de personal.
El oficialismo está a un paso de convertir en política de Estado lo que siempre fue una maniobra de gobernaciones y municipios para evadir controles. Puentear a la Contraloría no moderniza el Estado; lo deja sin guardián.
Falta de planificación, medicamentos vencidos, infraestructura precaria y escasez de personal comprometen la atención a pacientes con cáncer. El informe exige medidas urgentes.
El proceso abarcará gestiones administrativas, obras e inversiones, incluyendo el reciente depósito de fondos jubilatorios a un banco muy cuestionado.
Los ataques informáticos contra instituciones públicas continúan en ascenso y parecen no encontrar ningún tipo de contención por parte de las autoridades.
Esta medida se suma al pedido realizado por concejales de Encarnación a la Contraloría General de la República (CGR) días atrás.
La Contraloría detectó numerosas inconsistencias sobre su gestión, entre ellas millonarios desembolsos de casi G. 100 millones a ciegas a entidades sin fines de lucro, como por ejemplo Opaci, de la cual ella formaba parte. Ayer interrumpió la Junta con su marido, diputado nacional, para tratar de explicar y desacreditar la fiscalización que se hizo.
Varios llamativos desembolsos a ciegas a entidades sin fines de lucro detectó la Contraloría sobre la administración de Carolina Aranda.
Para el ente contralor, al parecer, solo existen dos municipios que merecen ser intervenidos; sin embargo, hay una extensa lista de municipalidades que esperan por ese momento.
En cuanto a que existan otros municipios con los mismos problemas, dijo desconocer, pero que están investigando.
"Yo no me arrodillo ante el poder de turno", dijo hoy en conferencia de prensa hoy acompañado de varios sectores políticos de la oposición.
El Ministerio del Interior tiene seis días para remitir el pedido de intervención a Diputados, donde se formará una comisión que tendrá 15 días para presentar su dictamen al pleno.
La reciente decisión de la Contraloría General de la República (CGR), dirigida por Camilo Benítez, de respaldar la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, encendió las alarmas dentro de sectores opositores, quienes ven en este movimiento una clara jugada con tinte político promovida por el cartismo.
