PolíticaFinanciamiento político
El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) solicitó un informe a la Asociación Nacional Republicana (ANR) en el marco del caso que involucra al intendente de Mayor Martínez, Roberto Ariel Arce Rotela, ante sospechas vinculadas a financiamiento político y presuntos hechos relacionados con el narcotráfico.
El requerimiento fue realizado por la Dirección de Financiamiento Político del TSJE, a cargo de Christian Ruiz Díaz, quien explicó que el objetivo es verificar si el partido aplicó los mecanismos de debida diligencia sobre el origen de los recursos utilizados por el jefe comunal durante su campaña.
Según investigaciones del Ministerio Público y la Policía, Arce habría pagado unos US$ 120.000 para acceder a cuatro tomos de una causa que la Fiscalía de Narcotráfico venía desarrollando en su contra, lo que generó preocupación sobre el manejo de fondos y los controles partidarios.
En ese contexto, el TSJE pidió explicaciones al oficial de cumplimiento de la ANR, Enrique Dávalos, a fin de conocer si se detectaron irregularidades y si se cumplió con la obligación de reportar operaciones sospechosas ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
Ruiz Díaz señaló que, en caso de existir indicios, los partidos políticos deben remitir reportes a las autoridades competentes, en cumplimiento de las normas de financiamiento político.
No obstante, el funcionario reconoció las limitaciones del organismo electoral en este tipo de situaciones.
Explicó que el TSJE no cuenta con herramientas para detectar irregularidades durante la campaña basándose únicamente en las declaraciones juradas de los candidatos, y que recién en la etapa de rendición de cuentas posterior se puede obtener un panorama más completo.
Asimismo, recordó que la institución no está facultada para emitir reportes de operaciones sospechosas, lo que restringe su capacidad de acción preventiva en casos de posible financiamiento irregular.
El caso vuelve a poner en debate la eficacia de los controles sobre el financiamiento político y los mecanismos de supervisión dentro de los partidos, en un contexto donde el clima preelectoral comienza a intensificarse.
