Senadores de HC buscarán evitar "muerte" de ley de acceso a la información pública
El senador Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación, aseguró que la versión del Senado "conciliará ambos derechos" y que el artículo 24 fue modificado expresamente para impedir cualquier restricción a la transparencia.
El proyecto vuelve a la Cámara Alta para su cuarto y último trámite, luego de que Diputados se ratificara el 14 de octubre en su propio texto. En esta instancia, los senadores deberán decidir si se ratifican en su versión —lo que requiere una mayoría absoluta de 23 votos— o si prevalece automáticamente la de Diputados. Maidana adelantó que tanto él como el líder de bancada cartista, Basilio "Bachi" Núñez, trabajarán para asegurar los votos necesarios y sancionar la versión que, según afirman, protege la privacidad sin debilitar la ley de acceso a la información pública.
El legislador explicó que el polémico artículo 24 fue reescrito en la versión Senado para establecer excepciones claras que mantengan la transparencia del Estado. Entre ellas, cuando la persona autorice la divulgación, cuando la información esté en fuentes de acceso público, cuando derive de órdenes judiciales o cuando se requiera por razones de seguridad nacional o salubridad general. "El objetivo es garantizar que la protección de datos no se convierta en un escudo para ocultar actos de corrupción o impedir el control ciudadano", sostuvo Maidana.
El oficialismo confía en reunir los votos necesarios para ratificarse en su texto, sumando a sus 14 senadores cartistas a los colorados disidentes y a los liberales afines. De concretarse, la versión que evita mutilar el acceso a la información pública quedaría sancionada y pasaría al Ejecutivo.
Desde la oposición, sin embargo, persisten las críticas. El liberal Salyn Buzarquis considera que cualquier versión que altere el alcance de la ley de acceso a la información es inconstitucional. "Lo público es público. No se puede usar la privacidad como excusa para esconder la corrupción", afirmó.
El desenlace del debate dependerá de la próxima sesión del Senado, donde se definirá si el país adopta una normativa equilibrada entre la protección de la intimidad y la transparencia estatal, o si se consuma una ley que, en nombre de la privacidad, limite el derecho ciudadano a saber.