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La decisión, adoptada por mayoría simple y sin mayor debate, aplaza por otros quince días un proyecto que lleva meses trabado, pese a los reclamos del gremio periodístico y de organismos internacionales que exigen garantías frente a los atentados y amenazas.
El texto legislativo —resultado de años de trabajo de organizaciones de prensa, con respaldo de la Comisión de Derechos Humanos del Senado— busca establecer un sistema nacional de protección para quienes ejercen funciones comunicativas o de defensa social, adaptado a los estándares internacionales y a los fallos que condenaron al Estado paraguayo por su inacción en casos emblemáticos como el de Santiago Leguizamón. Sin embargo, los senadores de la bancada cartista y sus aliados lograron nuevamente frenar el avance, alegando la necesidad de "ajustes técnicos" antes de su aprobación definitiva.
La iniciativa había sido defendida con insistencia por el senador Mario Varela, quien alertó sobre la urgencia de aprobarla ante el recrudecimiento de los ataques a comunicadores. "No podemos seguir mirando hacia otro lado. Cada atentado es una señal de que el Estado está fallando en su deber de proteger", expresó durante la sesión. Pero su pedido fue desoído por la mayoría, que optó por extender el plazo.
El Sindicato de Periodistas del Paraguay calificó la postergación como una falta de compromiso político y una muestra del desinterés del Congreso ante la inseguridad laboral y las amenazas constantes que enfrentan los trabajadores de prensa. "Esto demuestra que los discursos de defensa de la libertad de expresión no tienen sustancia", lamentó el secretario general Santiago Ortiz, recordando que la ley lleva más de un año de retraso.
El aplazamiento llega justo cuando se registran nuevos atentados contra medios y comunicadores, lo que refuerza la sensación de desprotección y vulnerabilidad dentro del sector. Para gran parte de la prensa, esta dilación no es un hecho menor: representa el síntoma más claro de una institucionalidad que no asume su responsabilidad frente a los riesgos que implica informar en Paraguay.
