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La iniciativa llega al pleno inmediatamente después del tratamiento de la reforma de la Caja Fiscal y cuenta con los votos suficientes del oficialismo y sus aliados para quedar sancionada sin mayores obstáculos.
El planteamiento que se presenta como una "modificación" de la Caja Parlamentaria no altera ninguno de los beneficios centrales del sistema. Los legisladores seguirán pudiendo jubilarse con apenas diez años de aportes en la modalidad extraordinaria y quince años en la ordinaria, con una edad mínima sensiblemente menor a la exigida al resto de los trabajadores. Tampoco se toca el monto de las jubilaciones, que continúan superando holgadamente los treinta millones de guaraníes mensuales, ni se elimina la posibilidad de retirar una parte significativa de los aportes acumulados.
El argumento central utilizado para justificar estos cambios es que la Caja Parlamentaria pasaría a funcionar como una "caja privada", al prohibirse formalmente el aporte directo del Estado. Sin embargo, este planteo es cuestionado incluso desde el propio texto legal, que establece que los gastos administrativos y el pago de funcionarios de la Caja seguirán siendo cubiertos con recursos del Presupuesto General de la Nación. En la práctica, el esquema mantiene un vínculo directo con fondos públicos, más allá del rótulo que se le intente dar.
Además, especialistas advierten que la supuesta prohibición de aportes estatales es fácilmente reversible, ya que bastaría con introducir una disposición en la ley presupuestaria para dejarla sin efecto. Esto refuerza la idea de que el cambio responde más a una estrategia discursiva que a una transformación real del sistema.
El contraste con la reforma de la Caja Fiscal es uno de los puntos que genera mayor indignación. Mientras a docentes, funcionarios y trabajadores se les elevan aportes, edades y requisitos, los legisladores se disponen a votar un esquema mucho más benigno para sí mismos. El mensaje político que se instala es el de una doble vara: ajustes y sacrificios para la mayoría, privilegios protegidos para una minoría con poder de decisión.
En paralelo al tratamiento legislativo, crece la tensión con el sector educativo. Referentes docentes advirtieron que el retiro de la oposición del debate solo facilita el avance del oficialismo y deja sin defensa a los reclamos de los trabajadores. Al mismo tiempo, responsabilizan directamente al bloque cartista y al Poder Ejecutivo por las consecuencias sociales que pueda tener la aprobación de ambas reformas sin cambios de fondo.
El inicio de clases aparece así como una variable cada vez más condicionada por las decisiones que se tomen en el Congreso. Desde los gremios se insiste en que, si se consuma el blindaje de la jubilación vip al mismo tiempo que se endurece el régimen general, el conflicto se profundizará y el costo político recaerá sobre quienes impulsen y acompañen estas medidas.
Con la sesión en marcha, el Senado enfrenta una votación que vuelve a poner en evidencia la distancia entre el discurso de austeridad y la práctica legislativa. Lo que está en juego no es solo una ley previsional, sino la credibilidad de un sistema que exige ajustes a la ciudadanía mientras se reserva excepciones para quienes lo administran.
