PolíticaCrece violencia
El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), impulsor de la propuesta, insistió en la urgencia de contar con una herramienta institucional que permita reaccionar ante los casos de violencia. En los últimos días se registraron tres nuevos ataques a periodistas, algunos incluso con disparos contra sus viviendas. "Es una cuestión de supervivencia para quienes ejercemos este oficio", declaró el secretario general del SPP, Santiago Ortiz.
Dante Leguizamón, representante de la Codehupy, señaló que la falta de una ley impide activar mecanismos de protección inmediatos frente a amenazas graves. "Si esta norma ya estuviera vigente, los periodistas atacados en estos días habrían contado con resguardo estatal", advirtió.
El proyecto cuenta con dictámenes favorables de las comisiones de Legislación, Derechos Humanos y Hacienda, pero no de Asuntos Constitucionales, cuyos miembros levantaron la sesión y dejaron sin cuórum el análisis previo. Esta situación genera incertidumbre, ya que varios senadores cartistas, como Basilio Núñez, adelantaron que su voto dependería del dictamen de esa comisión, lo que podría derivar en una nueva postergación.
El texto propone la creación de un Mecanismo Nacional de Protección, con carácter autárquico, personería jurídica y recursos propios. Su misión sería garantizar la seguridad de periodistas y defensores de derechos humanos en situaciones de riesgo. Además, el proyecto plantea que delitos como amenazas, lesiones o violaciones de domicilio contra trabajadores de prensa pasen a ser perseguidos de oficio por el Ministerio Público, eliminando el requisito de denuncia particular.
Desde el Gobierno, el viceministro de Economía, Felipe María González Soley, cuestionó que el mecanismo sea autónomo, sugiriendo que debería depender de un ministerio ya existente. Pese a ello, la mayoría de sectores políticos —excepto el oficialismo— respaldan la aprobación.
El debate también se vio cruzado por críticas del senador Dionisio Amarilla, quien habló de "privilegios" hacia periodistas, al interpretar erróneamente que el proyecto incluía delitos de calumnia y difamación. El propio Leguizamón aclaró que ese artículo fue eliminado y recordó que los organismos internacionales recomiendan despenalizar esos hechos para fortalecer la libertad de expresión.
Desde 1991, con el asesinato de Santiago Leguizamón, 21 periodistas fueron ultimados en Paraguay, y más de 600 ataques y amenazas fueron documentados. En ese contexto, el SPP pidió al Senado no aplazar más el tratamiento. "La decisión está en manos del cartismo", advirtió el gremio, mientras organizaciones de derechos humanos exigieron que el Estado asuma su responsabilidad ante una violencia que no cesa.
