Senado da luz verde a ley que limita descuentos en sueldos estatales tras escándalo de pagarés
La iniciativa surge como respuesta al escándalo conocido como la "Mafia de los Pagarés", y ahora será remitida a la Cámara de Diputados para su análisis.
Lilian Samaniego, senadora colorada y vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, explicó que la normativa establece que los descuentos sobre el salario no podrán superar el 50% del ingreso mensual del funcionario, sin importar la naturaleza del compromiso asumido. La intención es evitar abusos que afecten la subsistencia de los trabajadores estatales.
Por su parte, el senador Rafael Filizzola señaló que la propuesta representa un avance parcial en el abordaje del esquema mafioso que involucró la utilización de pagarés como mecanismo de presión económica. El parlamentario recordó que la iniciativa fue trabajada en conjunto con representantes del Poder Judicial, con quienes se discutieron las implicancias legales del tema.
Otro de los impulsores de la ley, Natalicio Chase, líder de la bancada oficialista cartista, remarcó que el proyecto pretende establecer una normativa clara sobre cómo deben aplicarse los descuentos en los salarios dentro del ámbito público. Afirmó que, a diferencia del sector privado, donde existen acuerdos contractuales específicos entre empleador y trabajador, en el caso del Estado es necesario definir reglas generales que eviten arbitrariedades.
El senador Eduardo Nakayama también intervino durante el tratamiento del tema y manifestó que la medida representa solo una solución parcial a un problema mucho más amplio. Según indicó, la normativa beneficiará especialmente a los empleados públicos, pero no resuelve en su totalidad la red de extorsiones vinculadas al uso de pagarés en otros sectores.
El caso de la "Mafia de los Pagarés" reveló una serie de mecanismos abusivos que afectaban directamente el salario de trabajadores del Estado, generando un fuerte impacto social y político. La nueva legislación busca ser una primera barrera legal ante estas prácticas, aunque aún resta definir su alcance final en Diputados.